El Constitucional avala las condenas de ‘los Jordis’ por sedición
El pleno rechaza los recursos de los entonces líderes de ANC y Òmnium Cultural con el voto a favor de 7 magistrados y el rechazo de 2
De izquierda a derecha, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Raül Romeva durante el juicio del procés. /EFE
El Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos de amparo presentados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart contra la sentencia del Supremo, que les condenó a nueve años de prisión por un delito de sedición en el juicio del ‘procés’. La Justicia ratifica así la pena de los dos líderes sociales del movimiento independentista en pleno debate sobre la tramitación de sus indultos.
Los dos activistas del secesionismo habían apelado al considerar que se habían vulnerado sus derechos durante el juicio, pero el pleno ha rechazado esta postura, de la misma manera que hizo con los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, que también intentaron sin éxito apelar ante un organismo superior de Justicia.
La deliberación no ha sido unánime. La votación se ha resuelto con el apoyo de siete de los magistrados pero con el voto en contra de otros dos, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que ya formularon también sus respectivos votos particulares en los recursos que presentaron Turull y Rull.
La decisión da por buena la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los entonces líderes de ANC y Òmnium Cultural por el papel que jugaron durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. El texto ratifica que ambos realizaron una oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional.
El Constitucional rechaza que la condena de ‘los Jordis’ sea una persecución política
Los magistrados se han ajustado a esta condición jurídica para negar cualquier tipo de trato discriminatorio por razones políticas. «No obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica», han informado en un comunicado.
El Constitucional ha tumbado el argumento de que las acciones de los líderes independentistas eran un ejercicio de la libertad de expresión, ya que consideran que tenían como objetivo impedir las directrices de los órganos de Justicia. Los dos líderes sociales fueron condenados por las movilizaciones sociales que impulsaron en las calles para garantizar el referéndum, a pesar de que ya había sido ilegalizado previamente.
Son los únicos dos presos del ‘procés’ que no formaban entonces parte activa de la política institucional, aunque Sánchez ha terminado convirtiéndose en el secretario general de Junts y ha jugado un papel fundamental en las negociaciones con Pere Aragonès para formar una nueva coalición de gobierno en la Generalitat.
Con el varapalo judicial, los dos líderes sociales agotan todo su recorrido judicial en España. Ahora su única vía jurídica para por recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o esperar que el Gobierno de Pedro Sánchez tome una decisión definitiva sobre la concesión del indulto, que ya está estudiando el Ministerio de Justicia, pero que debe pasar todavía por el Consejo de Ministros.
