El Constitucional admite a trámite el recurso de Ayuso contra el decreto de ahorro energético del Gobierno
Para la Comunidad de Madrid, el decreto invade competencias en materia de Sanidad y Consumo "sin haber razones de urgencia"
Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo en Barcelona. EFE / Marta Pérez
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido tramitar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley de medidas de ahorro energético que el Gobierno aprobó este verano para reducir el consumo energético y cumplir lo comprometido en Bruselas.
Según ha adelantado Europa Press, el Constitucional tendrá que dictar ahora sentencia sobre la norma que, entre otras cosas, limita la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción en determinados comercios o edificios públicos a 19 y 27 grados, respectivamente, y obliga a apagar escaparates a partir de las diez de la noche.
Ayuso considera que invade competencias autonómicas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que interpondría un recurso «por distintos motivos jurídicos» y considerando que invade competencias autonómicas. En esta línea, Ayuso criticó la imposición de la norma, ya que «nadie» negoció con ellos, según defienden desde el gobierno regional, y fue una imposición «arbitraria y autoritaria».
Para la Comunidad de Madrid, el decreto invade competencias en materia de Sanidad y Consumo «sin haber razones de urgencia». Además, el Ejecutivo regional cuestionó el régimen sancionador al que apelaba el decreto por no especificar cuánto tiempo deben de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos.
También sostienen que el decreto va contra el Derecho de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, el cual establece que los trabajos ligeros, como el comercio y la hostelería, no pueden tener más de 25 grados en sus establecimientos.
El Gobierno consiguió convalidar el decreto en el Congreso el 25 de agosto con 187 votos a favor a pesar de la oposición del PP, Vox y Ciudadanos. Además, se aprobó su tramitación como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan introducir mejoras en el texto definitivo, que incluye también ayudas para el transporte ferroviario, entre las que se encuentran la gratuidad de determinados abonos de Renfe, así como becas y ayudas al estudio.
