El Consell per la República acusa España de ser «un estado democrático fallido» por el caso Borràs

El Consell per la República ha realizado una declaración para condenar la suspensión de Laura Borràs como diputada y presidenta del Parlament. El organismo presidido por Carles Puigdemont considera que la causa de la dirigente de Junts per Catalunya demuestra que España es “un estado democrático fallido”. 

Los representantes del denominado Govern del Consell también apuntan como los últimos acontecimientos vinculados al presunto caso de corrupción de Borràs “ponen en evidencia, la profunda división” de los partidos independentistas “en el frente estratégico y antirrepresivo”. 

Sin dejar el ámbito parlamentario, el Consell duda que el artículo 25.4 de la cámara catalana sea “compatible” con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Según Puigdemont y el resto de los miembros del órgano independentista, el régimen de lawfare aplicado a Laura Borràs tiene el objetivo “de eliminar la disidencia política y vulnerar los derechos de las minorías por medio de acusaciones falsas que permiten forzar procedimientos judiciales”. 

El artículo 25.4 del Parlament

La normativa del Parlament de Cataluña, en su artículo 25.4, establece la suspensión de los derechos parlamentarios de un diputado, siempre que tenga un acto firme de juicio oral por delitos vinculados con la corrupción. Con la pérdida de la condición de diputada, Borràs podrá mantener su acta, pero sin prerrogativas como el ejercicio del voto o el cobro del sueldo. 

Borràs afronta una petición, por parte de Fiscalía, de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación de cargo público, en virtud de unos delitos de prevaricación y falsedad documental. El ministerio fiscal acusa a la líder juntera de fraccionar 18 contratos menores, con un valor global superior a los 300.000 euros, para beneficiar a un informático amigo suyo.

El magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí concluyó en junio que había suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs, procesando a la presidenta del Parlament y a tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada, entre marzo de 2013 y febrero de 2017. Según el juez, los indicios en este procedimiento, “evidenciarían” que Borrás “abusó” de sus funciones como directora de la ILC dictando “resoluciones injustas” para adjudicar 18 contratos menores, “con plena conciencia” de que “entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público”, para favorecer a un amigo.

Peticiones para romper el pacto ERC-Junts en la Generalitat

A partir de la salida de Borràs como máxima dirigente de la cámara, algunas agrupaciones locales de Junts han pedido al secretario general del partido, Jordi Turull, que active la mecánica interna para convocar una consulta, con el objetivo de debatir una hipotética rotura del pacto de gobierno en la Generalitat. 

Lejos de la realidad, en el seno de Junts no se plantean salir de la plaza Sant Jaume y ceder el poder de la administración catalana a Pere Aragonès. De hecho, el último movimiento institucional de Borràs ha calmado el nerviosismo existente entre un sector, no menor, del partido. Estas mismas voces consideraban que la hasta hace pocos días presidenta del Parlament ponía en peligro las opciones de Junts, a medio y largo plazo, de permanecer en las instituciones.