El Consejo de Garantías dinamita la investidura de Puigdemont
El Consejo de Garantías considera que la reforma de la ley de presidencia para la investidura a distancia incumple los marcos legales
El Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat, ha dictaminado que la reforma de la ley de presidencia vulnera el reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución. De esta forma, queda anulada la maniobra promovida por Junts per Cataluña para permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont.
En concreto, en el dictamen solicitado por PSC y Ciudadanos, este órgano concluye que la modificación de la ley no puede hacerse a través de la lectura única, puesto que se pretende modificar «aspectos sustanciales de leyes de desarrollo básico del Estatut».
La decisión llega después de que esta mañana el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la impugnación que el Gobierno presentó contra la candidatura a distancia de Puigdemont para volver a presidir la Generalitat. La decisión despeja las dudas que aparecieron en marzo sobre la viabilidad del recurso, cuando incluso el Consejo de Estado se inclino hacia la abstención del Ejecutivo.
Las bases del TC
Finalmente, el TC establece que Puigdemont, que estaba fugado Bélgica en el momento de la primera resolución y ahora está en Alemania, sigue sin poder ser candidato telemático.
El conflicto se enquistó en su momento. El Consejo de Estado desaconsejó al Gobierno la presentación del recurso, aunque este hizo caso omiso y siguió adelante.
Ante las dudas, el TC tomó en marzo una decisión intermedia: suspendió la convocatoria pero no decidió si la admitía a trámite. Ahora, no obstante, ha llegado a un acuerdo unánime sobre la admisión y ha reafirmado la suspensión de la convocatoria del pleno.
Una decisión anacrónica
La cuestión, en todo caso, ha perdido relevancia. El Parlament saltó de la opción Puigdemont a la de otros candidatos a la investidura, como Jordi Sànchez o Jordi Turull.
Aún así, el Tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado que la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional.
El TC ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir han quedado despejadas con la decisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent, que prefirió aplazar la sesión de investidura hasta que la justicia se pronunciara.