El Consejo de Estado atiza a Sánchez por eliminar controles sobre los fondos europeos

El Consejo de Estado asesta un fuerte varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez y muestra su «preocupación» sobre el decreto ley que regula la gestión y ejecución de los fondos europeos. Se trata del informe que el Partido Popular acusó al Ejecutivo de «esconder» y que ahora expresa una «manifiesta insuficiencia» de la memoria de impacto normativo que acompañaba al proyecto porque «adolece de graves insuficiencias en su contenido», según este documento al que ha tenido acceso Economía Digital.

El dictamen de este órgano que preside la ex ministra socialista, María Teresa Fernández de la Vega, atiza duramente al Gobierno de coalición por «la eliminación o modulación de mecanismos de control» en cuanto a la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones.

Los más crítico, según señala el documento, es la necesidad de que haya «un riguroso» control de la «asignación de los fondos y su vinculación con los fines para los que sean concedidos», lo que el Consejo de Estado considera que es una carencia en el decreto. La seguridad jurídica y económica de las medidas quedan, por tanto, en entredicho.

Así consta en el texto cuya ausencia en la Cámara Baja llevan reclamando PP y Cs desde hace un mes. El Consejo de Estado advierte, incluso, de que si el decreto fuera impugnado, sin duda el Tribunal Constitucional admitiría la reclamación basándose en las carencias que cita al inicio del dictamen.

Otra de las notas críticas reside en que el Gobierno no hace referencia al hecho de que un buen número de las previsiones recogidas en el decreto resultan de aplicación exclusivamente al sector público y también se incumple la exigencia del impacto presupuestario ya que es «importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos».

A esto se suma el que no hayan incorporado al expediente que se le remitió los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio proponente y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

El órgano consultivo acepta la fórmula de decreto ley elegida por el Gobierno de coalición para regular la gestión y ejecución de los Fondos Europeos pero insiste en que son necesarios más detalles que fundamenten la necesidad de la urgencia sobre todo para las medidas que se incluyen en el mismo y tienen «vocación de generalidad». Sobre todo, insisten en la conveniencia de que el decreto ley se tramite posteriormente como proyecto de ley.