El concurso de RTVE vuelve a peligrar mientras el Congreso urge el cese de Rosa María Mateo
En la corporación se abre el enésimo cisma al acusar UGT a la dirección de RTVE de "tejer una red de comisarios políticos" dentro de la casa
Conforme se acerca el fin de la era de Rosa María Mateo en Radio Televisión Española (RTVE), sube cada vez más la tensión alrededor de la televisión pública. Lo que no es poco decir, en tanto los casi tres años en los que la veterana periodista ha estado al frente del ente de forma provisional han estado marcados, precisamente, por una batería de cismas.
Las cosas pueden complicarse aún más. El Congreso de los Diputados terminará esta semana de examinar a los casi cien candidatos al consejo de administración de RTVE, de los que deberá elegirse una nueva presidencia. Y aunque la Cámara baja ha acelerado esta parte del proceso, la totalidad del concurso de elección está ahora en jaque por un nuevo recurso.
Uno de los aspirantes a ser presidente de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, ha denunciado la totalidad del concurso ante el Tribunal Constitucional, tal como lo anunció durante su comparecencia ante el Congreso en enero. El recurso de amparo pide que se anule desde la convocatoria del concurso (que data de 2018) hasta el llamado comité de expertos.
Ese comité de expertos al que se refiere la denuncia era conformado por sujetos extraparlamentarios a los que las Cortes dieron la instrucción de estudiar y calificar los proyectos y la trayectoria del casi centenar de candidatos. Su trabajo quedó sepultado el pasado noviembre, cuando el Congreso decidió entrevistar a todos los aspirantes y no solo a los finalistas.
El concurso sigue, de momento, en marcha
Sacaluga, quien fuera consejero de RTVE a propuesta del PSOE y que actualmente es director del programa Audiencia abierta (La 1), ya recurrió en 2018 el informe de evaluación de idoneidad de los candidatos elaborado por el comité de expertos. Su recurso fue desestimado entonces por la mesa de la comisión mixta de control a RTVE.
Tras rechazarse otros recursos suyos durante los últimos años, en los que el concurso ha estado prácticamente encajonado en el Congreso, Sacaluga anunció este pasado enero ante los diputados que le entrevistaron que recurriría el proceso ante el Constitucional por considerar que no se ajusta a las normas y principios de mérito, capacidad y transparencia.
Si el Constitucional estima su recurso, el concurso que actualmente sigue en marcha en las Cortes podría paralizarse antes de que se elija el relevo de Mateo o bien podría anularse una vez que se haya nombrado un nuevo consejo de administración, sumiendo así a RTVE en un caos y un bloqueo mucho más profundos que actualmente.
De momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado este martes que mañana se habrá terminado de examinar a todos los aspirantes a dirigir la corporación y se remitirá a la comisión mixta de control a RTVE un informe sobre la idoneidad de los candidatos, previa votación en la comisión de nombramientos que les entrevista.
Posteriormente, la comisión de control a RTVE deberá ponerse a trabajar para, en las próximas semanas o meses, votar la lista de los seis vocales que le corresponden al Congreso (el Senado tendrá que elegir los otros cuatro y después volverá a la Cámara baja para que entre todos designen la presidencia de la corporación). Todo ello, si el recurso no lo impide.
Mientras tanto, caos en RTVE
Los trabajadores y sindicatos de RTVE coinciden en la urgencia de que se nombre un nuevo consejo de administración de RTVE tras casi tres años de interinidad de Mateo, nombrada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez, que a su vez también creó en 2019 un nuevo cargo para colocar allí a Enric Hernández como director de información y actualidad.
El mensaje de gran parte de la plantilla es que, cuanto más dure Mateo como administradora única, más choques habrá con la dirección. Tensiones las hay para escoger: desde la creciente práctica de externalizar programas con contenido informativo hasta los constantes cambios en la parrilla, pasando por la opacidad de la dirección y del propio Hernández.
Esta semana, precisamente, la UGT ha abierto un nuevo cisma en la casa al asegurar que Hernández tiene el afán de «tejer una red de comisarios políticos que le rindan cuentas y pleitesía». El sindicato lo dijo denunciando la contratación de «afines ideológicos» en los programas externalizados de TVE, como Antonio Montilla, uno de los directores de La hora de La 1.
La UGT afirmó que Montilla, «reclutado» de La Sexta y contratado a través de una empresa externa, llega a «ejecutar» las «consignas políticas y partidistas» de Hernández. «¿Quién permite que una persona externa esté dando órdenes por encima del personal de la casa?», reprocha la central en un duro comunicado que le enfrenta otra vez con la dirección.
«La historia se repite. El modelo de asalto y secuestro ideológico en la empresa creado por el PP también le sirve a Enric para montar su particular redacción paralela. Va despacio pero no cesa, superando y ampliando el modus operandi de sus antecesores», insiste el sindicato históricamente vinculado al PSOE y que dentro de RTVE hablaba así también contra el PP.
«En UGT no toleramos este nuevo desembarco para colonizarnos ideológicamente, y no vamos a comulgar con quienes quieren llevar al desprestigio y al derribo de […] nuestra libertad y pluralidad. Queremos ser líderes en información, jamás en manipulación», concluye la UGT, preguntándose si esta era la «regeneración» que prometió Mateo a su llegada al cargo.
Esta central fue una de las que la semana pasada denunció los supuestos planes de Hernández para revolucionar la franja vespertina de la programación de La 1 como ya hizo en 2020 con la matinal. La cancelación de España directo, aún no confirmada por el ente, sería la primera piedra de una remodelación de la parrilla de las tardes, según los sindicatos.
Paralelamente, el sindicato minoritario USO ha reclamado a la dirección que publique los salarios de los altos directivos de la casa después de que Transparencia insistiera en que la negativa de Mateo a divulgar esta información no tiene respaldo jurídico. Transparencia dio la razón a USO, otros sindicatos y particulares, y pidió no dilatar esta comunicación.