El comisario europeo de Justicia subraya que tiene contactos con todos y anima al diálogo
El ministro de la Presidencia, Félix bolaños, ha pedido que "nadie se engañe" porque la renovación del poder judicial depende "exclusivamente del PP"
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha recalcado este miércoles que ha mantenido «múltiples contactos» con todas las partes involucradas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, incluido el Gobierno, y que su papel seguirá siendo el de «favorecer el diálogo» para alcanzar una solución acordada.
«Los cambios en España deben ser decididos por los partidos políticos españoles. Lo que podemos hacer es animar a las partes a entrar en un diálogo, incluyendo a la oposición, para conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma», ha declarado señaló Reynders en una rueda de prensa horas antes de desplazarse a Madrid.
Entre el miércoles y el viernes, Reynders se reunirá con miembros del Gobierno, de los grupos parlamentarios, de las asociaciones de jueces y con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con el telón de fondo del bloqueo del CGPJ, pendiente desde hace casi cuatro años.
Continúan las acusaciones entre PSOE y PP
Este mismo miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix bolaños, ha pedido que «nadie se engañe» ni «nadie engañe», porque la renovación del poder judicial no depende del comisario de Justicia de la Unión Europea, sino «exclusivamente del PP, que debe abandonar su secuestro».
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho a los periodistas que lo que importa es que el PSOE «escuche» la necesidad de reformar las leyes para que los jueces elijan a los jueces.
Mientras Bolaños se mantiene a la espera de lo que le pueda trasladar el comisario europeo, en el entorno del Gobierno se señala la preocupación que existe en la Unión Europea ante el bloqueo en el poder judicial y que insisten que hay que renovar cuanto antes. No obstante, frente al modelo vigente, el Ejecutivo apunta que no debería ser el problema, ya que se trata de un procedimiento que está vigente desde hace 35 años y que se pactó entre el PSOE y el PP.