El CNI espió a Tsunami Democràtic con el beneplácito del Gobierno y el Supremo

El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a intervenir el teléfono de 18 líderes de Tsunami Democràtic, la plataforma que encabezó las movilizaciones contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019. Este espionaje contó además con la autorización del Tribunal Supremo.

Así lo ha adelantado este jueves El Confidencial, que explica que entre los espiados por orden del Ejecutivo se encuentra Elies Campo Cid, ingeniero independentista de 39 años que forma parte de la plataforma Citizen Lab, la que investiga el espionaje.

Campo denunció en su auditoría la semana pasada que es uno de los 65 individuos del mundo secesionista cuyos móviles fueron infectados con los programas de origen israelí Pegasus y Cardiru para acceder a sus datos. El informe, sin embargo, no señala a los responsables del supuesto espionaje, pero apunta al CNI y otros servicios de información españoles.

La mayoría de los pinchazos se habría producido entre los años 2019 y 2020, según Campo, que fue directivo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram hasta el pasado mes de diciembre. De esta manera, las fechas coinciden con los preparativos y el desarrollo de Tsunami Democràtic.

Autorización previa

Así, el hackeo de los teléfonos estuvo relacionado con esas movilizaciones. Las fuentes aseguran que, en todos los casos, se produjo una autorización previa e individualizada por parte del Tribunal Supremo y se solicitaron prórrogas motivadas cada tres meses.

Además, en aquellos mismos meses se concentraron también los contactos del jefe de la oficina del ‘expresident’ Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, con funcionarios rusos. Y es que como contexto hay que recordar que las citas del entorno de Puigdemont en Rusia se prolongaron al menos hasta febrero de 2020 con el objetivo de lograr el apoyo de Vladímir Putin a los planes del independentismo catalán.

Como no podía ser de otra manera, la conexión preocupaba a Moncloa por su potencial de desestabilización y su alcance internacional. Así, la investigación a Campo y otros cabecillas de Tsunami estuvo amparada por un documento confidencial que aprueba cada año Moncloa para fijar las prioridades y objetivos que debe perseguir el CNI, esto es, la ‘Directiva de Inteligencia’ del año 2019.