El CIS catalán abre el debate de una consulta sobre Cataluña en España

Las tesis soberanistas no solo han ganado adeptos durante los años del procés en territorio catalán. El planteamiento de que a Cataluña debería concedérsele el derecho de autodeterminación cuenta con partidarios en el resto de España, según asegura el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, el CIS catalán.

El sondeo asegura que el 36,2% de los españoles estaría de acuerdo con que se celebrara un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos de esa comunidad «decidieran qué relación quieren que haya entre Cataluña y el Estado español». La posición aún no es mayoritaria, porque el 51,8% se muestra contrario a esa opción, pero el porcentaje de encuestados favorables no deja de resultar llamativo.

Ahora bien, el CEO, que realizó 3.600 entrevistas entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre (es decir, que la mayoría del trabajo se hizo antes de que se emitiera la sentencia del juicio del procés, comunicada el 14-O), apunta otra opción que sí obtiene un aval mayoritario: la de celebrar un referéndum a nivel nacional para que el conjunto de la ciudadanía española, en tanto que sujeto en el que la Constitución establece que reside la soberanía nacional, decidiera sobre la naturaleza de esa relación entre Cataluña y el resto de España.

El 44,7% de los encuestados se declaran partidarios de esa opción, mientras que un 41,9% se muestra en desacuerdo. Aunque si se segregan los resultados en Cataluña, donde el aval al referéndum en tierras catalanas alcanza el 70,8%, la apuesta por la consulta en toda España apenas la suscribe el 16,5% de los entrevistados. En el resto del país, en cambio, el porcentaje de partidarios de esa opción alcanza el 48,8%.

Es más, el 42% suscribe también que «la Constitución tiene que reconocer el derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas», imponiéndose a los contrarios a esa propuesta, que se queda en el 37,9%.

Resultados contradictorios

Los datos hay que tomarlos con cautela, porque el sondeo ofrece resultados contradictorios. Por ejemplo, la mayoría, en concreto el 43,8%, también suscribe la frase: «No se tendría que hacer ningún referéndum porque la  unidad nacional española no se puede votar». Los encuestados que rechazan ese planteamiento son el 40,2%. 

Y algo parecido pasa con la afirmación de que no habría que hacer ningún referéndum (aquí, como en el caso anterior, no se especifica si a nivel catalán o nacional) porque la Constitución «ya ha resuelto la cuestión favorablemente». El 42,3% se muestra a favor de la tesis, y el 40,7%, en contra. 

Es más, preguntados por el nivel de autonomía de Cataluña, el 44,5% considera que ha conseguido «demasiada», mientras que el 25,9% dice que tiene «un nivel suficiente» y solo un 19,9% (que cae al 12 si excluímos las respuestas de encuestados catalanes), que todavía no tiene bastante. El 70,4% se muestra contrario a que Cataluña fuera independiente, y solo un 19,2% se posiciona a favor.

En todo caso, en caso de que llegara a celebrarse un referéndum «legal y acordado» y la mayoría de catalanes optaran por la independencia, el 53,3% de encuestados afirma que aceptaría el resultado, mientras que un 39,9% dice que no lo haría.

Claro que, antes de llegar a esa situación, se aboga por una reforma del sistema de financiación. El 56,2% aboga porque la Constitución establezca un mecanismo por el cual las autonomías «recauden todos los principales impuestos y después transfieran una parte al Gobierno central para financiar los gastos comunes y la solidaridad interterritorial». Solo el 23,8% se muestra contrario a esa propuesta.

En cambio, los partidarios y los contrarios a una posible reforma de la Constitución para conceder más autogobierno a las comunidades autónomas, planteada como medida para «resolver la cuestión territorial», están casi a la par: el 45,4% está a favor, y el 44,6% la rechaza.

El 33,9% considera la injusta la prisión para los líderes independentistas

Sea como fuere, para desbloquear la crisis política en Cataluña, la apuesta mayoritaria, avalada por el 46,8%, es aquella por la que también abogan el PSOE y el gobierno en funciones de Pedro Sánchez: «una política de diálogo y negociación dentro del marco de la Constitución».

El 21,2% aboga porque esa política se lleve a cabo «sin límites», tampoco los fijados por la Carta Magna, mientras que, en las antípodas de ese planteamiento, el 23,4% receta «mano dura» del Gobierno con el independentismo.

La encuesta, que tiene por objetivo analizar la  «percepción sobre el debate territorial» en el conjunto del país, también pregunta por la situación de los líderes independentistas condenados por el Supremo. El 53,3% consideran que su encarcelamiento es justo, y el 33,9%, que no.