El CGPJ pospone los nombramientos hasta el 4 de marzo ante la inminente renovación

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por consenso aplazar los ocho nombramientos que tenía previstos realizar ante un inminente anuncio por parte del Gobierno de coalición y el Partido Popular para la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras dos años de bloqueo.

Según ha podido saber Economía Digital, el Pleno ha acordado por consenso realizar un pleno extraordinario el próximo jueves 4 de marzo para realizar estos nombramientos, si el Gobierno y la oposición todavía no hubieran anunciado un acuerdo. El presidente del CGPJ deja una semana al Ejecutivo como concesión a que se pongan de acuerdo y cierren el pacto.

En las últimas horas, las negociaciones se han atascado por falta de vetos y acuerdos en los nombres que cada partido propone, según ha podido saber ED. También existen discrepancias en el nombre que los socialistas proponen para que sea presidente del CGPJ. Un escollo que deberán dirimir más pronto que tarde.

Por lo pronto, Lesmes no quería llevar los nombramientos al pleno de este jueves pero el escrito de ocho vocales le obligó a hacerlo para poder debatir entre todos la idoneidad de llevar a cabo los nombramientos. 

Concretamente estaban previstas dos plazas de la Sala de lo Civil y una de lo laboral del alto tribunal, las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Canarias y el País Vasco, otra plaza de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco y dos presidencias de la audiencia provincial de Salamanca y Almería.

Aprueban por unanimidad la Ley del ‘sí es sí’

Otros de los asuntos a debatir en este encuentro ha sido la aprobación por unanimidad de la llamada Ley del ‘sí es sí’ o Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acogiendo el texto de la ponencia de los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda.

A pesar de su aprobación, el informe critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.

Así, los magistrados no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción. De hecho, la consideran «innecesaria» porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente «ya se asienta sobre la idea de consentimiento», aunque no incluya una definición del concepto, según publicó este medio.

También consideran que el consentimiento plantea una «problemática probatoria» (cuándo existe o no consentimiento), y las dificultades procesales que ello conlleva para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico.

A juicio de los vocales del Pleno del CGPJ, la definición desplaza la carga probatoria, configurando un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad.

Asimismo, consideran que la definición de consentimiento contiene «elementos contradictorios» al «admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa». Para eliminar esa contradicción se propone que el precepto se refiera a la voluntad a secas, como, señalan, ya hace el Código Penal, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

No estará lista para el 8M

Desde el Ministerio de Igualdad lamentan que, tras los retrasos sufridos, la norma no estará aprobada el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fuentes del Ministerio calculan un par de meses más hasta que consiga pasar todos los trámites.

Tras la aprobación por el CGPJ, la Ley tiene que remitirse ahora al Consejo de Estado, por lo que, según calculan las mismas fuentes, la norma no pasará por el Consejo de Ministros como mínimo hasta abril para ser debatida y aprobada.

La ministra Irene Montero esperaba llevar este proyecto adelante, aunque el CGPJ no lo hubiera aprobado. Así lo dijo esta semana en el Congreso, culpando a los jueces por su demora.

«Normalmente, estos informes los tiene en un mes, que es el plazo que tiene establecido, pero por lo que sea, no me vayan a preguntar a mí, esta vez se ha retrasado tres meses más», criticó la titular de Igualdad tras ser interpelada por el PP sobre la situación de las mujeres en España.