El CGPJ hunde en bloque la ley ‘sí es sí’ de Irene Montero
La ministra socialista Margarita Robles pide que se revise con "humildad" la norma jurídica y ahonda en la brecha entre PSOE y Podemos
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa | EFE/JCH/Archivo
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da un serio toque de atención al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El organismo ha secundado el texto de la ponencia de los vocales Roser Banch, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda que se mostraba crítico con la norma de ‘sí es sí’.
La decisión, únicamente de carácter consultivo, estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima puede generar una «inversión de la carga de la prueba». En otras palabras, que el acusado tenga que demostrar su inocencia y en lugar de ser la acusación quien pruebe la culpabilidad.
En anteproyecto de ley ha marcado que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».
El Gobierno se vuelve a dividir: Robles pide que se secunde la resolución
Desde el Gobierno han aparecido voces críticas con Montero que piden que se revise el texto de la norma tras el varapalo jurídico. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido «humildad» para adaptar los textos en los que se detectan «deficiencias jurídicas».
«Todos tenemos que tener la suficiente humildad para cuando se presenta un texto y tiene deficiencias jurídicas apercibidas por órganos que tienen competencias para ello, estudiar esas deficiencias y tratar de adaptarlas al marco jurídico. Eso es la normalidad democrática», ha remarcado la titular de Defensa.
La ministra respondía así en declaraciones a los medios tras conocerse la propuesta de informe del CGPJ sobre la ley integral de libertad sexual, que cuestiona desde la definición del consentimiento de la víctima, a que se considere agresión sexual lo que ahora es un abuso.
