El CGPJ evita el choque con el Gobierno: rechaza acudir al TC pese al recorte de sus competencias
Los jueces descartan acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Congreso por la reforma impulsada por PSOE y Podemos
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da un paso atrás en su enfrentamiento con el Gobierno. En el pleno de este jueves el organismo descartó acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Congreso por la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que le prohíbe hacer nombramientos mientras está en funciones.
Con una mayoría de 13 votos a 8, el alto tribunal ha rechazado en una reunión extraordinaria la propuesta de ocho vocales de pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene como objetivo limitar los poderes de los jueces y presionar así al PP a negociar la renovación de este organismo, una tarea que queda pendiente una vez que pasen las elecciones madrileñas del 4-M.
El CGPJ lleva ya más de dos años y cinco meses en funciones ante la incapacidad del PSOE y el PP de cerrar un pacto para elegir a los nuevos vocales. Este acuerdo es necesario ya que le ley exige que la renovación esté respaldada por una mayoría de tres quintos del Parlamento.
Ocho jueces creen que el Congreso viola la independencia judicial
Los ocho vocales del considerado sector conservador –Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona– pidieron celebrar este pleno extraordinario para tomar medidas ante lo que consideraron un abuso de poder por parte de la clase política. Los magistrados consideraron que el Congreso se había arrogado atribuciones del CGPJ y habían vulnerado así la independencia judicial.
Pero la mayoría de los miembros de este órgano han rechazado acudir al Tribunal Constitucional como apostaba este grupo, que ha suscrito un voto particular en defensa de dar ese paso «para salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes».
En un comunicado remitido a los medios, estos ocho vocales subrayan que ninguno de los asistentes al pleno extraordinario celebrado este miércoles «ha defendido la bondad constitucional» de la reforma legal impulsada por los grupos que sustentan al Gobierno.
El CGPJ responderá a las preguntas de Bruselas sobre el impacto de la reforma
Por otro lado, en la reunión se han aprobado por 17 votos a favor, tres en contra -de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez– y uno en blanco – de Roser Bach- la contestación a las preguntas que les envió la Comisión Europea en el marco de la preparación de su informe sobre el Estado de Derecho 2021.
La CE se interesó por el «impacto» de la reforma, y, sin hacer valoraciones sobre la misma, el CGPJ le explica que, mientras siga en funciones, no podrá nombrar nuevos magistrados del Supremo ni presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
En estos últimos tribunales quienes ocupan los altos cargos judiciales siguen en funciones, pero en el caso del Supremo las plazas quedarán vacantes sine die, mientras no se constituya un nuevo CGPJ.
Los jueces presionan a PSOE y PP para que aceleren las negociaciones
Sobre el retraso en su renovación, el órgano de gobierno de los jueces recuerda a la Comisión Europea que su presidente, Carlos Lesmes, se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las presidencias del Congreso y del Senado para recordarles la necesidad de iniciar los trámites.
Y sobre la reivindicación mayoritaria de la judicatura para que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales -los doce de extracción judicial-, el CGPJ expone a Bruselas que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección es una competencia del Parlamento.
La semana pasada la vicepresidenta de la CE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CPGJ mientras esté en funciones entra dentro del Estado de derecho.
Fue muy crítica sin embargo con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ y que podría haber dejado al PP fuera de las negociaciones.
Tras los primeros recelos de Bruselas el Gobierno había dejado congelados esos cambios, pero la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley tras reunirse con Jourová.