El Ayuntamiento de BCN precinta uno de los prostíbulos ilegales de la calle Hospital
La Guardia Urbana cambia las cerraduras de uno de los pisos de La Caixa okupado un día después de la denuncia de Economía Digital
Palo a la prostitución ilegal en Barcelona. Los vecinos del número 19 de la calle Hospital se han despertado este miércoles con la Guardia Urbana en la escalera. Los agentes municipales han accedido al inmueble para precintar el entresuelo 2ª, uno de los dos pisos propiedad de La Caixa que, como explicó ayer Economía Digital, estaba siendo utilizado como un meublé por parte de una mafia latinoamericana.
Desde el consistorio se ha procedido a cambiar la cerradura de la vivienda. Las nuevas llaves se encuentran en el Ayuntamiento del Distrito de Ciutat Vella. La última vez que se recurrió a una medida similar (la instalación de puertas especiales) apenas tuvo un efecto disuasorio de 24 horas, ya que los okupas volvieron a acceder a los alojamientos. Así que las entidades vecinales todavía no cantan victoria.
Un proceso lento
Fuentes municipales apuntan que «se ha tratado de un proceso lento». A los recursos presentados por la parte demandada se añade la tradicional velocidad de las gestiones burocráticas. Un camino que empezó el pasado 21 de febrero y que, según parece, empieza a ver ahora la recta final. Fue en el invierno de 2015 cuando los cuerpos de seguridad detectaron la presencia de actividades sexuales ilícitas en los entresuelos 1ª y 2ª del bloque.
En lo referente a la otra de las dos viviendas, el magistrado ha fijado para el 8 de febrero el desalojo judicial de la otra vivienda okupada. La tranquilidad llega a medias al domicilio. De los seis pisos del inmueble uno está arrendado por parte de una particular (que ha llegado a hospedar a varios cantantes de ópera del Liceu) y otro es propiedad de un inversor israelí. El resto está en manos de Building Center, la filial inmobiliaria de La Caixa.
El consistorio explica a Economía Digital el procedimiento en este tipo de acciones. «Una vez la Guardia Urbana constata que se está ejerciendo una actividad ilegal, se envía una orden de cese de actividad con amenaza de precinto», ilustran. En la calle Hospital la prostitución ilegal prosiguió, por lo que, una vez el cuerpo lo confirmó, se inició el procedimiento judicial.
Este tipo de acciones no son inmediatas. Fuentes vinculadas al sector jurídico aseguran: «Lo más probable es que la orden del juez llevara días encima de la mesa de los responsables, pero que por motivos de capacidad no se haya podido ejecutar hasta el miércoles».
