El abogado del Estado no se pronuncia sobre el aval del ICF por “conflicto de intereses”
Se delega la consulta a la Abogacía General del Estado para que emita un informe en el que decida si es válido el aval del ICF a los encausados por el 'procés'
Mas, Mas-Colell y Homs ofrecen sus pisos como aval ante el Tribunal de Cuentas. / CDC
El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, ha evitado pronunciarse sobre de la validez del aval del Institut Català de Finances (ICF) a los 34 exaltos cargos por la fianza de 5,4 millones que les reclama el Tribunal de Cuentas.
En un escrito hecho público este miércoles eleva el caso a la Abogacía General del Estado para que ésta emita un informe a partir del cual se decidirá si la entidad financiera pública puede ejercer de aval de los imputados. El argumento esgrimido por García Monteys es la existencia de un posible «conflicto de intereses».
Monteys entiende que la Abogacía General del Estado «también parte en el procedimiento en cuyo marco se ha planteado la petición de informe» y pide a la directora del Servicio Jurídico de Estado, Consuelo Castro, que «responda con la mayor brevedad posible».
No obstante, el abogado del Estado plantea la duda de si «es posible ejercer la función consultiva en relación con cuestiones que se suscitan en procedimientos, en este caso no jurisdiccionales, en los que la Abogacía del Estado interviene como parte, habiendo evacuado trámites en los que ha promovido la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables».
En esta línea, Monteys advierte que «la posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva» de la Abogacía General del Estado.
Ello podría desembocar en «un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes» debido a la existencia de un posible «conflicto de intereses».
Por tanto, será la jefa de la Abogacía General del Estado la que decida, finalmente, si se emite o no el informe solicitado por el Tribunal de Cuentas y que a su vez decidirá si se aceptan los avales del ICF.
Dudas sobre la legalidad de los avales
A finales del pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas solicitó un informe que ratificara la validez del aval que el ICF ejerce para 29 de los 34 encausados, ya que los 5 restantes han ofrecido como aval sus propios bienes y patrimonio. Se trata de un aval polémico que el propio Tribunal de Cuentas ya se planteó rechazar antes de que se llevara a cabo.
Pese a esas dudas, la Generalitat sigue adelante con su estrategia de usar el ICF como entidad que avale las fianzas, una suerte de plan b que tuvo que ejecutarse in extremis tras la reiterada negativa que las entidades financieras privadas en Cataluña le dieron al conseller d’Economia, Jaume Giró, cuando negoció el que ejercieran de aval de los encausados.
De hecho, la semana pasada, el Parlament aprobó el decreto ley por el que se constituía un fondo de 10 millones de euros sufragados con dinero público por el que el Ejecutivo autonómico destinaría para sufragar las fianzas, a depositar de forma voluntaria y solidaria. Todo ello, pese a las peticiones de cambio del texto por tanto del Consell de Garanties Estatutaries.
Entre tanto, a Giró se le acaba el tiempo para encontrar una nueva entidad bancaria dispuesta a ejercer de aval si finalmente las instituciones deciden rechazar el aval.
