El abogado de Puigdemont también defiende a los CDR y Tsunami
Gonzalo Boye elabora una teoría sobre cómo se hace un "uso torticero" del concepto de terrorismo para investigar sin límites al independentismo
Gonzalo Boye ha salido en defensa de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y de la plataforma independentista anónima Tsunami Democràtic. Con motivo de las investigaciones por terrorismo que se desarrollan en la Audiencia Nacional contra los grupos radicales separatistas, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor, Quim Torra, ha elaborado una teoría sobre cómo los jueces, a su entender, banalizan el concepto de terrorismo para escrutar salvajemente a los manifestantes soberanistas.
La hipótesis del letrado es que la Audiencia Nacional carece de bases para acusar por terrorismo a los CDR y a Tsunami Democràtic, pero ha seguido adelante con la investigación por ese delito porque de esa forma tiene un margen más amplio para cercar al segmento más polémico y mediático del independentismo catalán. De forma indirecta aportando argumentos a la defensa de estos grupos, Boye ha manifestado que el sistema judicial ha hallado una «excusa» en el delito de terrorismo para «hacer una auténtica prospección dentro del movimiento independentista».
Ha explicado las razones con las que respalda su teoría en un artículo de opinión en El Nacional, donde escribe todas las semanas. «Igual la respuesta es más sencilla que todo esto y la misma radica en la banalización del concepto de terrorismo y su uso espurio para atraer la competencia hacia la Audiencia Nacional», ha afirmado en la parte final del texto, tras señalar algunos de los flecos que cree que ha tenido la actuación de la Audiencia Nacional, que primero investigó a los CDR y después anunció también un cerco a Tsunami Democràtic, también por terrorismo.
«Uso espuro del concepto de terrorismo»
Gonzalo Boye cree que es posible que se esté haciendo «un uso espurio del concepto» de terrorismo «con finalidad muy distinta a la inicialmente confesada», lo que para él sería como que el Estado esté entrando en el terreno de las «trampas al solitario». Y ha señalado que la Unión Europea prohibe el «uso torticero» del concepto para «generar un marco jurídico o una actuación represiva», de lo que en el fondo acusa a la Audiencia Nacional. Sus sospechas se basan en que ni los CDR ni Tsunami Democràtic han entrado en la lista común de la UE de grupos terroristas.
El abogado de Puigdemont y Torra cree que «existen unos inconvenientes» que «impiden a las autoridades españolas» la inclusión de las organizaciones independentistas en dicho listado, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los Estados miembros. Estos presuntos «inconvenientes» son que para dar se paso se necesitan pruebas o indicios «serios y creíbles», y que la inclusión en esa lista «no es acrítica, sino que ha de pasar por el tamiz de la valoración del grupo encargado de la misma».
«Por tanto, si ni Tsunami ni los CDR están incluidos en dicha lista bien se puede llegar a la conclusión de la inexistencia de ‘pruebas o en indicios serios y creíbles’ y que quienes les están investigando como grupos terroristas y por actos de terrorismo son perfectos conocedores de la imposibilidad» de conseguir asociarles con el terrorismo a nivel europeo, escribió Boye. Pero también ha matizado que no pone en duda «la existencia de unas concretas investigaciones», pero sí «la existencia de base suficiente como para entender que realmente estemos» ante el delito de terrorismo.
Si las bases existieran, considera el letrado, «lo sorprendente es que no hayan sido alertadas las autoridades de los distintos países de la Unión Europea». «No se corresponde con el principio de cooperación leal ni con el de seguridad común que un Estado miembro investigue un supuesto fenómeno terrorista y que dichos datos no los comparta con sus socios, especialmente cuando se trata de socios con los que no tiene ningún tipo de control fronterizo», ha puesto en duda Boye.
