Estados Unidos resalta la falta de «neutralidad ideológica» en el espacio público en Cataluña

Además de, entre otras cosas, señalar al Gobierno de Pedro Sánchez por sus ataques a la prensa, el más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se hace eco de la falta de «neutralidad política» en el espacio público en Cataluña y destaca la presencia de «simbolismo partidista» en escuelas e instituciones.

El documento, presentado este martes por el secretario de Estado, Antony Blinken, recuerda que desde mayo de 2019 se ha informado de «las continuas quejas por la falta de ‘neutralidad ideológica’ en los lugares de educación, especialmente en Cataluña», incluyendo «instancias de ‘simbolismo partidista’ en las fachadas de las escuelas y otros espacios públicos».

Asimismo, el informe resalta las denuncias por «la resistencia de las autoridades —en particular, los departamentos de la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, así como los centros educativos, culturales y sanitarios— a eliminar ese simbolismo tras recibir las quejas de los ciudadanos», citando declaraciones del Defensor del Pueblo catalán.

El Gobierno de Sánchez ha cuestionado el informe por hablar de los ataques verbales de las autoridades nacionales a los periodistas. «Es el último coletazo de la Administración Trump«, ha afirmado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, pese a que el responsable del documento es el jefe de la diplomacia de la administración de Joe Biden.

«Ni es un informe ni una amonestación«, ha defendido Calvo, que ha negado que se atacase a la prensa desde el Gobierno.

Los presos del ‘procés’ y las cárceles catalanas

Al tratarse de un informe sobre derechos humanos, su contenido es meramente informativo. Por ello, el Departamento de Estado de EEUU ha recogido las más recientes publicaciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional en torno a los presos del procés, así como las respuestas brindadas a las mismas por parte de las autoridades españoles.

Así, el documento señala, por ejemplo, que representantes de varios partidos políticos nacionalistas de Cataluña han llamado «presos políticos» a los líderes independentistas condenados por sedición, «pero ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de derechos humanos apoyaron esa afirmación«.

También explica que algunos equipos de Naciones Unidas han denunciado la vulneración a «la libertad de expresión» de la «minoría catalana», y que Amnistía Internacional ha criticado por «excesivamente amplia» la condena por sedición del Tribunal Supremo y ha pedido en varias ocasiones la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

En otro apartado, el Departamento de Estado alude a las condiciones de las cárceles catalanas, más allá de los presos del procés. En ese sentido, recoge el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) publicado en febrero de este año, en el que se habla de las denuncias en las cuatro cárceles catalanas por «abuso físico de los presos».

«El CPT expresó su preocupación por las prácticas de atar a los presos agitados a camas con correas y la medicación forzada de los presos inmovilizados, y señaló que pueden causar lesiones graves. El CPT también señaló que los procedimientos de admisión no tuvieron en cuenta las necesidades específicas de género», reza el documento estadounidense.

«El informe de febrero del CPT sobre su visita a Cataluña señaló que los centros de detención de la policía regional catalana carecían de acceso a luz natural y espacio al aire libre para hacer ejercicio y tenían iluminación artificial inadecuada, mala ventilación y acceso insuficiente al agua potable y productos de higiene personal», añade el Departamento de Estado.

Racismo y ataques a la prensa

Otro asunto mencionado en el informe sobre derechos humanos es la denuncia de la Federación Internacional de Periodistas, que en su informe anual de 2019 mencionó «el aumento de casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña» y aseguró que la región se había convertido en «territorio peligroso» para los profesionales de la prensa.

También reproduce datos del Ministerio del Interior sobre delitos de odio vinculados al racismo, que se cifraron en 515 en 2019, un 21% más que el año anterior. «Las regiones de Cataluña, Melilla, Navarra y País Vasco tuvieron registraron las mayores cifras de delitos de odio, según los datos del Ministerio», reza el informe estadounidense.

Y explica que, «durante el estado de alarma, algunas organizaciones de la sociedad civil observaron que la ley de protección de la seguridad ciudadana se aplicaba de manera inconsistente y arbitraria, y los agentes del orden detenían y sancionaban de manera desproporcionada a algunas personas pertenecientes a minorías raciales y étnicas, así como a inmigrantes».

La oficina de Blinken hace otra referencia al procés cuando informa de la posición del relator especial de Naciones Unidas para cuestiones de minorías, que en marzo «expresó su preocupación» de que la sentencia del 1-O «interfiriera con la libertad de expresión y la disidencia política no violenta de la minoría catalana».

No obstante, recuerda que el Defensor del Pueblo catalán «rechazó la categorización de la población de habla catalana como minoría«.