Divorcio en Unidas Podemos por los nombramientos al CGPJ

El lío interno de Unidas Podemos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que están negociando PSOE y PP ha derivado en una batalla por el poder dentro del espacio confederal: la manera de proceder tras el veto de los populares -y el descarte socialista que dejan entrever en Ferraz- a la candidata morada, la jueza y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sólo ha dejado la aire las costuras de unas relaciones tensas que conviven bajo la misma marca. Todo, claro, incluso antes de que se congelara la negociación.

Aunque, en palabras del presidente Pedro Sánchez, el acuerdo estaba «listo y preparado» a la espera del sí final del PP, el tira y afloja con los nombres de los magistrados se ha convertido en el cóctel perfecto para que todo explotase por los aires. No es la primera vez que sucede. Es precisamente en este punto del acuerdo, el más delicado, el final, donde precisamente rompieron en las dos últimas intentonas anteriores. La última, de hecho, fue en 2021, con la anterior dirección del PP.

Y ahí es donde se enrocó Unidas Podemos. De primeras, la candidata del espacio era Rosell, pero tras la negativa, tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como Izquierda Unida optaban por buscar un nuevo perfil que no entorpeciera la negociación. De hecho, fuentes de IU señalaban la posibilidad incluso de votar separados, por su cuenta, y no respaldar las tesis de Podemos.

La «zancadilla» del PP

Tanto que, informaciones publicadas por El Periódico de España y El Español relativas a que otro aspirante que se barajaría en la cuota que corresponde a Unidas Podemos, pero por designio de Díaz, en este caso, era Joaquín Urías. El objetivo era priorizar el pacto, el acuerdo, y no caer en la «zancadilla». «Es una lucha de poder dentro del espacio», sintetizaban.

En Podemos no lo ven tan así, pero el divorcio absoluto e irrevocable en Unidas Podemos se ha evitado con la congelación de las negociaciones. La tensión es palpable en cada una de las corrientes: los roces entre Díaz y la dirección de Podemos, con la secretaria general, Ione Belarra, al frente, y ahora que ella se encuentra de baja de maternidad, con Irene Montero como cabeza visible a nivel orgánico, continúan sin visos mayor solución mientras conviven bajo el paraguas del Consejo de Ministros.

Porque no hay encaje aún entre ambas opciones a la hora de montar una candidatura de cara a las generales, comicios a los que, formalmente, la vicepresidenta segunda aún no ha indicado su voluntad de presentarse en lo que finaliza su «proceso de escucha» con su plataforma Sumar. Pero aún es Díaz la interlocutora de Sánchez para tratar con su socio minoritario en Moncloa. Y Alberto Garzón, líder de IU, ha votado en muchas ocasiones por libre, tanto de IU como de Unidas Podemos.

El statu quo y la fuerza de izquierda resultante

En Podemos aseguran que no es tan así, y mucho menos que se trate de una lucha de poder dentro del espacio. A sus ojos va, realmente, de si, en una negociación en la que sientan en el Gobierno y el PP, el PP tiene derecho a vetar o no los candidatos. También consideran que en todo el espacio confederal nadie crea que Rosell no sea aceptable o mala candidata. Aunque, de momento, no sirva para mucho, tras haber saltado todo por los aires.

Sin embargo, el statu quo resultante será determinante de cara a las elecciones. En 2023, Díaz tiene que poder acordar no sólo con Podemos, sino también con otros partidos que estaban integrados en la coalición electoral de Unidas Podemos, como Izquierda Unida, que goza de una capilaridad regional de la que tanto los morados como la propia vicepresidenta segunda carecen. Pero la intención de los morados es no diluirse en la marca electoral que cocina Díaz, sino tratarse como «socios» y no eludir sus propias siglas. Algo que, de momento, no fluye.