Diputados de PSOE y Podemos se enfrentan a una multa de hasta 1.000 euros si votan contra Arnaldo
La renovación del Tribunal Constitucional sigue levantando revuelo. La votación es secreta y algunos diputados morados amenazan con romper la disciplina de voto
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, conversa con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, el diputado Enrique Santiago y la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso. Foto: EFE/Mariscal/Pool/Archivo
Nueva crisis entre PSOE y Unidas Podemos a costa de la renovación del Tribunal Constitucional. Diputados de ambos partidos critican tener que «tragarse el sapo» y aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados el nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. En caso de romperse la disciplina de voto, los diputados ‘díscolos’ se tendrían que enfrentar a una sanción de entre 600 y 1.000 euros de sus formaciones, según ha podido saber Economía Digital.
Diputados de Podemos amenazaron este miércoles con votar en contra, mientras que, según ha podido saber Economía Digital, las direcciones de los dos grupos parlamentarios en la Cámara Baja (PSOE y Podemos) intentan frenar ‘in extremis’ lo que podría ser una desobediencia hacia sus partidos y también el futuro bloqueo ‘sine die’ de la renovación de los órganos constitucionales.
Dirigentes de PSOE y Podemos en la Cámara Baja se han quejado en las últimas horas a sus respectivas formaciones asegurando que no pueden aprobar el nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo para el TC, a propuesta del PP, porque incumplió en su día el Estatuto del Congreso al cobrar como asesor del Gobierno balear de Jaume Matas (PP) mientras era coordinador jurídico de varias comisiones de la Cámara baja.
Los diputados ‘díscolos’ que este jueves voten en contra, y rompan así la disciplina de voto, podrían enfrentarse a sanciones de entre 600 y 1.000 euros, dependiendo de si se trata del PSOE o de Unidas Podemos. Los estatutos de las dos formaciones no dejan lugar a la interpretación: los dos hablan de las correspondientes sanciones y uno de ellos hasta de su expulsión del Grupo cuando la Constitución ampara el voto «personal» de los diputados y senadores.
El artículo 79.3 de la Carta Magna señala que «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable» y el 67.2 asegura que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».
Sin embargo, el reglamento interno de las principales formaciones que regula el funcionamiento de sus grupos parlamentarios dije justo lo contrario.
En el PSOE: 600 euros y hasta la expulsión del Grupo
Así en los nuevos Estatutos Federales del PSOE, aprobados en el 40 Congreso del 15 al 17 de octubre, viene recogido en el tercer punto que «en todos los casos, las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto. Si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrán denunciar su conducta al Comité Federal», señalan.
«Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar», continúan los estatutos del PSOE.
Asimismo, en el Reglamento Interno del Grupo Socialista en el Congreso se habla en el artículo 33, apartado d, sobre la posibilidad de contraer una sanción de 600 euros «por ausencia no autorizada a votaciones del Pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente».
El reglamento también advierte de que esta cantidad, de 600 euros, podría ser más al ser actualizada «cada año por el Comité Director, en proporción similar a lo que hayan aumentado las retribuciones de los Parlamentarios».
El primero y el único en dar la cara y salir a criticar abiertamente el voto a favor de este nombramiento ha sido el diputado socialista, Odón Elorza. El vasco ya ha sido apartado del Pleno que llevará al candidato al Constitucional: «Me han hecho llegar que quizás fui demasiado crítico», ha admitido tras el desplante de la dirección de su grupo parlamentario.
«Hay un ejercicio de responsabilidad el jueves. Veremos en qué medida se puede cumplir como diputado y atender las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente y en otro lado seguir la disciplina del partido», señala Elorza, que no sería el único que piensa de esta manera. Existe miedo y se hace el silencio en las filas socialistas, mientras fuentes de la dirección asegura que no se va a romper la disciplina de voto en su grupo y que «la votación saldrá adelante».
En Podemos: multa de entre 500 y 1.000 euros y expulsión temporal o permanente
En su reglamento general, Unidas Podemos define «el incumplimiento de las directrices aprobadas por la dirección del grupo o delegación en lo que respecta a la elaboración, registro y defensa de iniciativas, o bien a la defensa de las posiciones adoptadas por la dirección o, en su caso, por el Plenario del grupo o delegación» como una infracción muy grave que puede acarrear una multa de entre 500 y 1.000 euros, además de la posibilidad de expulsar a la persona del grupo parlamentario.
Los estatutos del partido señalan en el artículo 35 que «las infracciones muy graves serán castigadas con una amonestación
por escrito y una sanción económica de 500 euros a 1000 euros, con posibilidad de ser separada la persona temporal o permanentemente del grupo o delegación de Podemos».
Diputados de Podemos llaman a la insubordinación
Diputados de Unidas Podemos llaman a los suyos a rebelarse en contra de la renovación del TC para no aprobar lo que, a sus ojos, en su comportamiento «reprobable», en referencia al juez Arnaldo. «El PP nos ha tendido una trampa y hemos caído», señalan por los pasillos del Congreso.
Por lo pronto, dos diputadas de Podemos –Gloria Elizo y Meri Pita– ya amenazan con votar en contra y así lo han asegurado en un un artículo a El Periódico de España, donde junto al consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno navarro, Eduardo Santos, exparlamentario nacional de la formación, señalan que «cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada».
Los firmantes aseguran que si en un pacto como el alcanzado intervienen «personas con una trayectoria partidista tan acusada como Enrique López» y en él figuran personalidades como Concepción Espejel y el propio Arnaldo, lo que se busca, explican los tres autores del artículo, es incorporar al Tribunal Constitucional en «la estrategia partidista de combate político», y encima, aceptarlo.
Las dos diputadas y el exdiputado puntualizan acto seguido: «No aceptamos que sea así de ninguna manera» porque «el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible».
Según ha podido saber Economía Digital, los nervios seguirán cundiendo en la Cámara Baja hasta que no se produzca este jueves la votación en el Pleno. El presidente del Grupo Confederal en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que su formación votará «con una pinza en la nariz». Asens justifica el voto a favor porque «lo contrario sería más coherente, pero tendría consecuencias desastrosas», puntualizó.
«Es la solución menos mala, para renovar hay que llegar a acuerdos», insistió el diputado. En la misma línea se posiciona el diputado morado Roberto Uriarte, profesor universitario de Derecho Constitucional, quien asegura hacer frente a «un dilema ético» en el Congreso.
La trampa: el voto es secreto
Pero, sin duda, la trampa y lo que más quebraderos de cabeza está dando a las direcciones de los grupos parlamentarios es que la votación será telemática, por medidas antiCovid, y además secreta. Por lo que no podrán asegurarse el 100% de los votos y por tanto hasta última hora no se podrá saber si la votación decae, con lo que ello conllevaría.
En esta votación, el procedimiento cambia y los diputados tendrán que escribir los nombres de los cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional, hasta seis para el Tribunal de Cuentas y uno solo para el Defensor del Pueblo.
Fuentes de la Cámara Baja reconocen que podría darse el caso, dadas las críticas internas que hay con Arnaldo, que diputados del PSOE o de Unidas Podemos solo escribieran tres nombres para el TC. Las mismas fuentes apuntan que cada candidato necesita reunir como mínimo 210 votos para ser elegido, ya que es obligatorio que se obtenga tres quintos de los miembros del Congreso.
Los nervios están a flor de piel y desde las respectivas formaciones comienzan a hacer cuentas y sumas. Los socialistas insisten en que las cuentas les salen: con sus 120 escaños y el PP, 88. Unidas Podemos suma 35. Entre los tres, 243. Tendrían que producirse 33 votos en contra en las filas de estas tres formaciones para que peligre una candidatura y la de Arnaldo será la votación más delicada.
El miedo que tienen algunos socialistas es que, en este caso, no cuentan con el colchón habitual de otros partidos minoritarios, tal y como sucede a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ni ERC, ni PNV, ni EH Bildu, ni Más País, ni las fuerzas regionalistas quieren hacerse cargo del nombramiento de Arnaldo y así se lo expresaron este miércoles a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso.
La gran mayoría sigue indecisa en estos momentos y baraja tres opciones: no votar, votar en contra o la abstención. Sólo el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, dijo claramente que dará el sí a los dos candidatos del PSOE, pero en ningún caso a Arnaldo, mientras que sobre Espejel tiene aún reservas. Vox y Cs, por otro lado, se excluyen de la ecuación.
Precedentes
La renovación de los órganos constitucionales este jueves pone sobre la mesa el dilema que mantienen los diputados en algunas ocasiones sobre obedecer ciegamente los reglamentos y órdenes del partido o ir de ‘verso suelto’ y romper la disciplina de voto asumiendo las consecuencias que después le vienen asociadas como representante de dicha formación.
Existen precedentes bien cercanos como, por ejemplo, la multa que comunicó el PSOE en pleno puente de la Constitución a 15 diputados ‘díscolos’ que rompieron la disciplina de voto y votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy.
Hasta ocho diputados llegaron a recurrir la multa de forma individual (Odon Elorza, Susana Sumelzo, Margarita Robles, Rocío de Frutos, Pere Joan Pons, Sofía Hernanz, Zaida Cantera y Luz Martínez Seijo) alegando la posibilidad «de la libertad de voto por razones de conciencia» cuando existían «razones excepcionales» que lo justificaban.
En su momento, subrayaron que su voto fue contrario a Rajoy respetó el programa electoral del PSOE, amparándose en ser fiel a «un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y a las políticas de derechas del PP». Algo en lo que se podrían amparar ahora, según un socialista, respecto a la figura de Arnaldo.
