Un diputado de la CUP, inhabilitado y multado por negarse a quitar símbolos independentistas
Los anticapitalistas acusan al alto tribunal de "aparato represivo" que está "posicionado plenamente en el combate político contra el independentismo"
El secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, en rueda de prensa desde el Parlament / Parlament
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al diputado y secretario tercero de la mesa del Parlament, Pau Juvillà (CUP), a seis meses de inhabilitación para cargo pública y a una multa de 1.080 euros por negarse a retirar lazos amarillos del ayuntamiento de Lleida en 2019, coincidiendo con el periodo electoral.
La Sala Civil y Penal del TSJC condena al diputado anticapitalista y actual secretario tercero de la Mesa por desobediencia a decisiones y órdenes de autoridades superiores. Juvillà desobedeció a la Junta Electoral de Zona de la Junta Electoral Provincial de Lleida por negarse a quitar simbología independentista de su despacho en el consistorio de la capital leridana.
La causa contra Juvillà se abrió en el Juzgado de Instrucción 3 de Lleida en abril de 2019, como consecuencia de una querella de la Fiscalía de Lleida por desobediencia a la Junta Electoral presentada por Cs. La causa pasó al TSJC cuando Juvillà entró como diputado en el Parlament, dada su condición de aforado.
La CUP carga contra el TSJC: «Quiere eliminar la disidencia»
A través de un comunicado, la CUP ha cargado contra la sentencia y contra el sistema judicial español: «El aparato represivo del Estado, conformado por todos sus actores policiales y judiciales, se encuentra plenamente posicionado en el combate político contra el independentismo».
«La condena que pretende inhabilitar a Pau Juvillà es una muestra más, conjuntamente con las cerca de 4.000 personas encausadas por el proceso de autodeterminación de Cataluña, de la voluntad del Estado de eliminar la disidencia política a cualquier precio», explica.
Los anticapitalistas consideran que los lazos amarillos no son un «símbolo partidista», sino «de solidaridad y de amplio consenso entre la población catalana. Condenar su presencia y la denuncia a la existencia de presos y presas políticos y exiliadas supone un ataque a la libertad de expresión y a las libertades fundamentales».
