Dimisiones en el ICF: tres consejeros más y altos cargos meditan su salida

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) espera el más salidas tras ofrecerse a ser el contraavalista de la Generalitat para sufragar las fianzas particulares de los líderes del procés. Los tres consejeros de la Junta de Govern que salieron justo antes de la votación no serán los últimos.

Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger, tres de los seis consejeros independientes del ICF, dejaron la junta para no votar el aval tras las presiones de Pere Aragonès. Pero los otros tres podrían seguir el mismo camino, así como otros altos cargos, según han explicado a Economía Digital fuentes cercanas a la entidad.

Los tres consejeros independientes que todavía permanecen votaron en contra de que el ICF sea el intermediario del Govern y los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas les exige abonar 5,4 millones de fianza antes del lunes a medianoche.

La junta de gobierno del ICF que aprobó avalar a los investigados por el Tribunal de Cuentas saltó por los aires y el voto del ex número dos de Pere Aragonès, actual presidente del consejo, Albert Castellanos, fue determinante para que el organismo diera luz verde al Govern.

Los tres consejeros independientes, Rafael Abella Martín, José Luis Peydró y Albert Vilumara Pérez votaron en contra y advirtieron, según las fuentes consultadas por ED, con un goteo de dimisiones si el ICF se expone a posibles consecuencias jurídicas por colocarse en primera fila con la acción de avalar.

Asimismo, recordaron que los estatutos del ICF no permiten prestar a particulares, como es el caso de los 34 ex altos cargos del Govern. La reunión se volvió «muy tensa», según fuentes presenciales, e, incluso, el consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo en la votación, con lo que el voto de Castellanos fue decisivo para que saliera adelante la propuesta.

Miedo en el ICF

Tal y como publicó Economía Digital, con la mera propuesta del Govern, ya existía «miedo» y «preocupación» entre los funcionarios del ICF porque les tocase firmar a ellos los avales ante las posibles consecuencias jurídicas que esto podría acarrear.

Los funcionarios no se quieren exponer ante la Justicia. La maniobra inicial de la Generalitat consistía en que si los bancos avalaban el fondo salvaguardaban a los funcionarios públicos. Y, sobre todo, su patrimonio personal si incurrían en responsabilidades que pudieran ser consideradas penales o contrarias a normativa.

Los juristas consultados por este medio aseguran que los funcionarios se podrían exponer a un posible delito de malversación y la Generalitat a un posible delito de fraude de ley. En todo caso, es la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas quien deberá dirimir si este mecanismo para avalar a los líderes del procés es legal o no.

Otro de los asuntos que más inquieta dentro de esta institución es que el propio consejero de Economía, Jaume Giró, reconociese que los funcionarios podrían verse expuestos.

El propio Giró anunció en un primer momento que el ICF no se haría cargo de abonar esta cuantía: «He decidido no someter a ninguno de los profesionales a dar curso a una operación que provocaría angustia, inquietud y miedo, a ellos y a sus familias».

Los expertos jurídicos consultados señalan ahora que el ICF, a pesar de ser una entidad vinculada al Gobierno catalán, es independiente en sus decisiones por lo cual «los funcionarios que dirigen el instituto son plenamente responsables a la hora de otorgar el aval».