Yolanda Díaz impone la ley del silencio pese a las discrepancias con el PSOE por la Ley Trans

La abstención del PSOE ha impedido que este martes la tramitación de la proposición de la Ley Trans impulsada por los socios del Gobierno: ERC, Junts, Más País, CUP, Compromís y Nueva Canarias. La posición del Grupo Socialista en el Congreso, además del voto en contra del PP y Vox, ha sido determinante para que la medida decaiga. Una propuesta prácticamente idéntica a la elaborada por el Ministerio de Igualdad y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, «mantiene bloqueada» en el seno del Gobierno, según Unidas Podemos.

Sin embargo, pocos reproches se han escuchado este martes en la Cámara Baja. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha tomado enserio la orden de Yolanda Díaz a los suyos y se ha impuesto la ley del silencio o de las críticas abiertas contra su socio principal, en la rueda de prensa realizada este martes tras la Junta de Portavoces.

«No voy a entrar en reproches», aseguró el dirigente. Es la primera vez, tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, que la ley del silencio, pactada entre Sánchez y Díaz para evitar airear las discrepancias del Gobierno de coalición, se cumple.

Fuentes de la formación morada defienden el voto a favor de la medida porque «es lo que nosotros proponemos». Sin embargo, no han querido hacer declaraciones sobre la abstención de los socialistas que ha provocado que la medida no salga adelante. «Con todo el respeto al socio de coalición, no voy a interpretar sus palabras», insistió Echenique.

También destacó el «perdón» de la propia ministra en la sesión del Hemiciclo. Durante su turno de intervención, la ministra Irene Montero pidió perdón «a las personas trans porque este debate tenía que haber llegado al Congreso por parte del Gobierno y no lo he conseguido», reconoció.

Tras ello, lanzó un mensaje claro de advertencia a Calvo: «Vamos a saldar esa deuda aunque no será tan pronto como a mí me gustaría». La ministra quiere que la norma se apruebe en Consejo de Ministros «antes del Día del Orgullo LGTBI recuperando el consenso de 2019», aseguró.

Mayores garantías jurídicas

Ambas formaciones se encuentran en medio de unas negociaciones, todavía «sensibles», puesto que hay partes de la Ley Trans propuestas por la ministra Irene Montero que los socialistas no aceptan. Precisamente, el principal fallo que los de Sánchez observan en la medida es la falta de seguridad jurídica. Un error al que también se han acogido para tumbar este martes la norma de sus socios.

 Para el secretario general del Grupo Socialista, las medidas a favor del colectivo tienen que tener «pleno rigor y plenas garantías jurídicas» ante la previsión de que algún partido de la derecha acudan al Tribunal Constitucional para recurrirlo. 

En un primer momento el PSOE aseguró que no iba a entorpecer la tramitación, pero este martes el partido cambió de parecer. Preguntado sobre las consecuencias de esa decisión, Simancas dijo: «Somos responsables de nuestro voto, no del voto de los demás». En el PSOE siempre se han quejado de que la propuesta elaborada por Montero tenía carencias respecto a la seguridad jurídica y ha puesto en valor que ellos «hacen las cosas bien».

Es aquí donde el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mantiene las mayores discrepancias con sus socios de gobierno. De hecho, un informe elaborado por funcionarios de Justicia, que en estos momentos se encuentra sobre la mesa de negociación, aconseja acreditar una situación «estable» de transexualidad para que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, tal y como pide Montero.

La diputada socialista Susana Ros aseguró este martes desde la tribuna del Congreso que el texto «presenta contenidos que cuestionamos y que podrían ser de dudosa constitucionalidad» e incluso «la vía de enmiendas no sería suficiente para subsanar» las deficiencias detectadas.

A partir de esta premisa, insistió en la necesidad de trabajar sobre una ley cargada de seguridad jurídica: «Sería ingenuo pensar que basta con querer los derechos para que se cumplan». Finalmente, la diputada reconoció el «ruido generado en torno a este debate» y lamentó «profundamente los términos en los que se ha dado».

Justicia reclama más garantías adicionales, mientras que el debate con la vicepresidenta Carmen Calvo se centra sobre el concepto de la autodeterminación de género. Para las feministas socialistas, ese concepto supone el «borrado» de las mujeres y de los derechos por los que llevan luchando desde hace siglos. 

Montero también se encuentra negociando con Justicia y las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ley del ‘sí es sí’. Queda aún el informe del Consejo de Estado, con la esperanza de que la ley que pasó en febrero de 2020 por primera vez por el Consejo de Ministros pueda llegar al Congreso en el mes de junio, señalan fuentes de Podemos.

Su tramitación parlamentaria no terminaría antes de mediados de 2022, como mínimo. Igualdad y Justicia han formado también un grupo de trabajo para la futura ley de trata contra la prostitución.