La Fiscalía pone en el punto de mira a 24 geriátricos de Cataluña
Madrid es la autonomía con mas geriátricos investigados, puesto que cuenta con la mitad de causas abiertas de las más de 100 en toda España
La Fiscalía General del Estado ha puesto en el punto de mira a 24 residencias catalanas por la pandemia de coronavirus. Por ahora está analizando las denuncias de particulares antes de decidir cómo continúa con el procedimiento y cómo judicializa la causa si es que impulsa una investigación penal oficial.
En Cataluña hay 10 causas abiertas en Barcelona, 4 en Sabadell, dos en Mataró, una en Tarragona y una en Manresa. En Madrid hay abiertas 38 diligencias, además de otras zonas como Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles. El Ministerio Público ha asegurado en un comunicado que los datos se han recabado autonomía a autonomía.
«Los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores”, explica el texto de la Fiscalía. Además, reconoce la «labor» de la «inmensa mayoría» de las residencias de ancianos y muy especialmente por «sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros».
Madrid, a la cabeza
En el conjunto de España, la Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales, de las que la Comunidad de Madrid acapara casi la mitad con 42 casos, frente a los 24 de Cataluña. Tras estas dos regiones, les siguen Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).
En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído. La diligencias han aumentado desde la semana pasada cuando el dato total e toda España era de 86, una veintena menos que esta semana.
La Fiscalía ha recopilado “acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito”.
