Delgado salva in extremis la Ley de Memoria Democrática del Gobierno
El voto de la ex ministra del PSOE ha sido decisivo para aprobar el Anteproyecto de Ley. La votación evidenció el malestar entre una parte de los fiscales con Delgado.
Pedro Sánchez y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado./ EFE
La fiscal general del Estado y ex ministra del PSOE, Dolores Delgado, ha salvado por la mínima el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno. El buque insignia de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Según ha podido saber Economía Digital, la reunión no ha sido fácil y la votación ha salido favorable a la norma por el voto determinante de Delgado, por seis a cinco votos.
Los vocales electivos del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF) han votado en contra. Concepción Talón Navarro, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa Escusol, María Rosa Rubio Ramos formularán un escrito con su voto particular.
De esta manera, los cinco fiscales de una de las asociaciones mayoritarias de la carrera plantan cara a Delgado y la Ley de Memoria Democrática del Gobierno.
Entre sus consideraciones señalan que la redacción del anteproyecto de ley «es confusa, calculadamente ambigua y contradictoria» y afirman que la rechazan porque da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal«.
El Anteproyecto crea la figura de un fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.
Desde la AF aseguran que «en este contexto tan difuso», la creación de una Fiscalía de Sala resulta «absolutamente innecesaria». Insisten en que el texto no deja claro si, en el marco de la ley, los fiscales tendrán un papel de apoyo a las víctimas o de control de las actuaciones públicas.
También hacen hincapié en que «las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento».
«La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación», señalan.
El informe del Consejo Fiscal es preceptivo, aunque no vinculante, para la tramitación parlamentaria de la ley.
La votación evidenció la división entre el bloque progresista y el conservador y, tras ella, el departamento que dirige Delgado emitió un comunicado donde defiende la norma asegurando que «sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares».
Una Fiscalía a la medida de Delgado
La Asociación de Fiscales lleva meses denunciando el «control absoluto» de la cúpula fiscal por parte de la ex ministra del PSOE. Tal y como publicó Economía Digital, la fiscal general del Estado ha convocado el Consejo Fiscal el próximo 4 de mayo, día de las elecciones en la Comunidad de Madrid, para intentar aprobar ‘por la puerta trasera’ hasta 20 nombramientos clave con los que podría hacer una Fiscalía a su medida.
Según ha podido saber Economía Digital, Delgado habría sumado dos nuevos nombres para completar si lista de afines y son, por una parte, María Antonia Sanz Gaite, ahora fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE y miembro de la UPF y Pilar Fernández que podría dirigir la Fiscalía de Galicia.
El Partido Popular se ha sumado a la ofensiva de la Asociación de Fiscales porque considera que “lo que busca Delgado es liquidar a los fiscales de las comunidades autónomas en las que gobernamos”.
Un año después del aterrizaje de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, sus relaciones con parte de la carrera hacen aguas. Sus desplantes a la mayoritaria Asociación de Fiscales están colmando la paciencia de sus asociados, que denuncian “el asalto a la cúpula del Ministerio Público de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)”.
Fuentes de la carrera indican que en los últimos plenos del Consejo Fiscal, los vocales de la UPF han votado sistemáticamente al candidato que quería Delgado, que pertenece a esta asociación.
Fuentes del Ministerio Público ya no ocultan su malestar con los “rápidos movimientos” que está llevando Delgado para hacer una Fiscalía “a su medida” y critican que la próxima cita para realizar estos 20 nombramientos clave sea el próximo 4 de mayo, día de las elecciones en la Comunidad de Madrid.
“Quiere evitar la publicidad”, sostienen fuentes de la carrera. Desde la AF advierten que estarán pendientes y que no les temblará el pulso en volver a recurrir otro nombramiento, si fuera necesario.
