El Defensor del Pueblo investiga las medidas de la Generalitat para proteger al menor de Canet
La institución de Ángel Gabilondo se dirige a la Consejería de Educación para conocer su actuación y descubrir si hay más casos similares en Cataluña
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. EFE/ Víctor Lerena/Archivo
El Defensor del Pueblo ha abierto un proceso para investigar qué medidas ha puesto sobre la mesa la Generalitat para garantizar la protección del menor de Canet, cuya familia fue acosada por exigir que reciba un 25% de las clases en castellano. La institución ha comenzado una actuación de oficio sobre el caso.
El organismo que lidera Ángel Gabilondo se ha dirigido a la Consejería de Educación para conocer qué pasos ha dado para asegurarse de los derechos de los implicados, después de que comenzaran a recibir mensajes a través de las redes sociales por solicitar a la dirección del centro educativo que cumpla la última sentencia del Tribunal Supremo.
El Defensor del Pueblo quiere descubrir qué «jurisprudencia en materia de utilización de la lengua vehicular» está aplicando la Generalitat a la hora de resolver este conflicto, que ha cobrado ya un carácter nacional por su repercusión en la política estatal.
«El ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos», ha concluido la institución en un comunicado.
El Defensor del Pueblo pide una recopilación de más casos de acoso en Cataluña
El Defensor del Pueblo también reclamará además al Gobierno de Pere Aragonés que le informa de si se han producido otros casos similares entre las familias escolarizadas en Cataluña, después de que los magistrados hayan reforzado el número de materias que se deben impartir en castellano en toda la región.
Se trata de la primera actuación de calado que realiza Gabilondo al frente de la institución desde que el pasado 18 de noviembre tomara posesión de su cargo como resultado del acuerdo para renovar los organismos constitucionales que suscribió el Partido Socialista con el Partido Popular.
El exministro socialista ha tomado partido en la causa, a pesar de que su propia formación ha tratado de mantener un perfil bajo en este enfrentamiento político. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha condenado en varias ocasiones el acoso contra la familia, pero han decidido no entrar en el proceso y dejar margen a la Generalitat para que adoptara sus propias medidas.
