La defensa de Colau pide que se archive su causa por las subvenciones investigadas en Barcelona
La alcaldesa de Barcelona pide también que se anule su citación para declarar ante el riegue de subvenciones públicas
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/ Toni Albir
Ada Colau ha pedido el archivo de la causa de presuntas subvenciones irregulares a entidades afines por la que está investigada, y que anule su citación para declarar. La alcaldesa de la capital catalana ha asegurado que un juez la ha imputado de forma «precipitada», y ha recordado que la Fiscalía no vio delito en estas subvenciones.
Las subvenciones investigadas corresponden a varias vinculadas a Barcelona en Comú, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)–de la que Ada Colau se proyectó a la política institucional–, el Observatorio DESC o Enginyers sense Fronteres, en las que estuvieron vinculados concejales y exconcejales del partido morado.
«No resulta sostenible en nuestro sistema procesal constitucional y penal que se atribuya la condición de investigada a la alcaldesa, Ada Colau, de acuerdo con los términos de la querella, simplemente en atención a su cargo, por unos hechos desarrollados en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona», subraya el recurso.
Colau, representada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, alega en su recurso que como alcaldesa no interviene en la tramitación de los expedientes de las subvenciones y no determina ni valora la singularidad de los proyectos ni de las entidades que las solicitan, ya que se encarga de ello un órgano gestor, en este caso el Área de Derechos Sociales.
La alcaldesa denuncia además que la querella de la Asociación para la Transparencia describe hechos «sin rigor de clase alguna» a la hora de determinar a qué subvenciones concretas se refiere y que «no se describe ni un solo acto, ni una sola intervención» suya en la tramitación de las subvenciones «que se tachan de delictivas».
Por este motivo, considera la alcaldesa que la querella no debía haber sido admitida a trámite y que, una vez admitida, no debería haber comportado su imputación, ya que no se la identifica en ningún acto de participación en la tramitación de las subvenciones bajo sospecha.
«No resulta sostenible en nuestro sistema procesal constitucional y penal que se atribuya la condición de investigada a la alcaldesa, Ada Colau, de acuerdo con los términos de la querella, simplemente en atención a su cargo, por unos hechos desarrollados en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona, sin determinación de la concreta aportación o intervención en unas supuestas subvenciones otorgadas de forma delictiva», subraya el recurso avanzado por El País.
En la querella se imputa la concesión de las subvenciones del consistorio a la alcaldesa, «como si el mero hecho de ser el cargo público que preside la corporación municipal y ejerce su representación, dirigiendo el Gobierno y la administración municipal, permitiera atribuirle una responsabilidad penal en relación a cualquier acto o resolución administrativo que dentro de la compleja organización municipal se pueda adoptar».
La alcaldesa también argumenta que una auditoría externa fiscaliza las subvenciones otorgadas por el consistorio y que además el ayuntamiento detalla la justificación y la tramitación de cada subvención.
