¿De qué viven los diputados catalanes huidos o encarcelados?
Puigdemont, Comín, Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Sánchez viven de los 2.871 euros brutos mensuales del sueldo de diputado y de elevadas donaciones
Carles Puigdemont sigue considerándose presidente legítimo de la Generalitat y, en consecuencia, renunció a los 112.000 euros brutos anuales que le corresponderían como expresidente. Su actual sueldo como diputado raso (2.871,57 euros brutos mensuales por catorce pagas), así como las donaciones que recibe de altos cargos de la Generalitat, del partido, de las entidades independentistas y de amigos le permiten vivir en su nuevo refugio en Alemania, disponer de colaboradores y mantener a su familia.
Su esposa, Marcela Topor, estrenó el pasado viernes su nuevo programa de entrevistas en inglés en La Xarxa, la cadena de televisiones locales que depende de la Diputación de Barcelona que preside Mercè Conesa, dirigente del Pdecat. Según informa ABC, la esposa de Puigdemont cobrará 6.000 euros mensuales por presentar un espacio semanal de dos horas de duración. El sustento de la familia del expresidente está garantizado.
Siete diputados del parlamento catalán siguen cobrando el salario base, los 2.871,57 euros brutos mensuales por catorce pagas, pese a que dos se han refugiado en el extranjero (Puigdemont, en Alemania, y Toni Comín, en Bélgica) y otros cinco están encarcelados en Estremera: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. El resto de exconsejeros huidos o encarcelados renunciaron a las actas de diputado.
Retirar el sueldo a un diputado catalán requiere el voto a favor de dos tercios de la cámara
El reglamento del parlamento catalán permite castigar a los diputados absentistas con la retirada del sueldo. Sin embargo, para ello se requiere el voto a favor de dos tercios de la cámara. La actual mayoría independentista lo impediría.
Los cargos políticos huidos o encarcelados no viven únicamente de su sueldo. Sus respectivos partidos cubren los gastos de los abogados que se encargan de su defensa legal y, si es necesario, ayudan a sus familias. Muchos altos cargos de la Generalitat contribuyen voluntariamente con la causa. Diversas entidades han recaudado fondos para ellos: la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural –que han cubierto el importe de fianzas judiciales hasta vaciar sus cajas– y la Associació Catalana per la Defensa dels Drets Civils, que reúne a sus familiares. Ninguna de estas entidades difunde sus cuentas.
Estas entidades también financian el mantenimiento de encarcelados por el referéndum del 1-O –como Jordi Cuixart o Dolors Bassa– o los que se han refugiado en el extranjero.
