La operación Estela tiene su origen en una denuncia de la CUP y CGT
La CUP y el sindicato CGT denunciaron hace dos años la trama de subvenciones de la Diputación de Barcelona
La operación policial Estela, por la que se ha detenido este jueves al expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, tiene su origen en una denuncia presentada hace dos años por la CUP y el sindicato CGT.
En junio de 2016, una diputada provincial de la CUP, Maria Rovira, y dos sindicalistas presentaron ante la Oficina Antifraude de Cataluña una denuncia sobre supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015, cuando estaba presidida por el convergente Esteve. Previamente, el digital Catalunya Plural había destapado esta trama.
Las subvenciones con cargo a fondos de cooperación internacional de la Diputació no se concedieron a ONGs, como era habitual hasta aquel momento, sino a patronales y empresas. En principio, no están relacionadas con la financiación del proceso independentista catalán, aunque los investigadores sospechan de que pueden haber indicios de que esos fondos públicos destinaron a costear la hoja de ruta soberanista y el 1-O.
Las irregularidades denunciadas por el grupo de la CUP y el sindicato CGT de la Diputación de Barcelona se centran en al concesión de subvenciones que se debían destinar a la cooperación internacional, pero que se adjudicaron a patronales y empresas sin experiencia en este campo.
Patronales y empresas beneficiadas
Según los datos denunciados por la CUP y CGT, la patronal Pimec habría recibido cuatro subvenciones por un valor conjunto de 116.000 euros entre 3013 y 2014 para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas básicamente en Marruecos y Panamá. Los agentes registraron este jueves la sede central de Pimec.
La Unió Empresarial de l’Anoia y elGremi de Blanquers d’Igualada recibieron cada una importes superiores a los 60.000 euros. La Fundación Empresa y Clima, que cuenta entre sus patronos con la Cambra de Comerç de Barcelona, ingresó otros cuatro importes por un valor global de más de 227.000 euros para proyectos en Brsil, Chile y Perú.
Cuando se concedieron estas subvenciones, al frente del área de cooperación internacional de la Diputación de Barcelona estaba Jordi Castells y Jonathan Jorba. Después de estallar el escándalo, los dos fueron contratados en la administración de la Generalitat durante el gobierno de Artur Mas.
