«Ahora vemos el vandalismo que se escondía detrás del independentismo»

—Hemos visto en las últimas semanas episodios de violencia en las calles de Barcelona que, según las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, no tienen precedentes en Cataluña ni en el resto de España. ¿Cómo deben perseguirse a nivel judicial?

—Es verdad que no habíamos visto un vandalismo como el de los últimos días. Hemos visto barricadas, lanzamientos de piedras, de vallas y de proyectiles contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Posiblemente, sean merecedores de la sanción correspondiente a un delito de desórdenes públicos agravado.

—¿Le llama la atención el perfil de los violentos?

—Sí, son gente muy joven, que apenas han llegado a la mayoría de edad y que ni siquiera sabe por qué lo hacen. Estoy convencida de que ninguno de ellos se ha parado a ver ninguna sesión del juicio del procés, de que ninguno ha leído el escrito de acusación del fiscal y mucho menos ha leído la sentencia. Han salido a la calle a prender fuego porque en cierto modo la manipulación que se ha hecho de esta juventud la ha conducido al radicalismo.

—La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, dice que todos estos disturbios «hacen visible el conflicto» que vive Cataluña. ¿Este comentario merece algún reproche penal?

—Habría que conocer la exactitud de sus palabras para saber encaja en algún tipo penal, pero es de una absoluta frivolidad auspiciar la violencia de esta manera.

—¿La fiscalía debería actuar en más ocasiones de oficio o más a instancias?

— La fiscalía actúa siempre, pero solo ante hechos que revisten caracteres de delito.

—El independentismo siempre se ha presentado como un movimiento democrático y pacifista. ¿Cree que este relato ha perdido la credibilidad?

—El relato se ha demontado por completo. Da la sensación de que ahora estamos viendo la verdadera cara del independentismo, la cara vandálica que se escondía detrás de un movimiento supuestamente democrático. Y digo supuestamente porque lo democrático no es incumplir las leyes para imponer la voluntad de una parte de la población.

—¿Cree que hay desamparo de una parte de la población de Cataluña ante los excesos del independentismo? 

—La falta de atención prestada por el Estado a lo que iba sucediendo desde hace años en Cataluña ha sido parte del problema en el que ahora nos encontramos y ha generado una situación de desamparo. 

—¿El Gobierno debería estar más vigilante en Cataluña ante cuestiones como la escolarización y los símbolos? 

—Es evidente que el Gobierno debiera estar pendiente de que no se produzca adoctrinamiento en las aulas, respetando los derechos de los menores y evitando la manipulación de los mismos. Es imprescindible que los alumnos acaben su ciclo formativo con conocimientos sólidos sobre el contenido de la Constitución, los principios recogidos en ella como los derechos fundamentales, la forma política del Estado, la separación de poderes… 

La sentencia del procés

—¿Le decepcionó la sentencia del procés? La fiscalía pedía la condena por rebelión de los acusados y una pena de 25 años de prisión.

—Veamos, primero debo subrayar que las resoluciones judiciales deben respetarse y acatarse. A partir de ahí, mi punto de vista particular es que la postura de la fiscalía sobre el delito de rebelión me pareció tremendamente coherente y bien fundamentada. Dicho esto, el Tribunal Supremo, después de un juicio con todas las garantías y toda la transparencia, sentenció que su delito fue sedición y no tengo nada que oponer.

—¿No le decepcionó, por tanto?

—Sí que es verdad que pudo ser decepcionante la no aplicación del artículo 36.2 del Código Penal (que permite al tribunal impedir el tercer grado penitenciario hasta que se cumpla la mitad de la condena  cuando las penas son superiores a 5 años). Al no considerar esta aplicación deja más abierto al terreno a que Instituciones Penitenciarias de la Generalitat vacíe de contenido la condena.

—Es decir, que usted teme que los doce dirigentes independentistas condenados saldrán de la cárcel más pronto que tarde.

—Instituciones Penitenciarias tiene dos meses para determinar el grado penitenciario de los internos. Lo ordinario es que estén en segundo grado porque el primero es para los reclusos más peligrosos y el tercero es más excepcional, salvo que se haya cumplido una cuarta parte de la pena. ¿Qué puede ocurrir? Que directamente se acuerde el tercer grado atendiendo a las razones personales de estos señores y que se les permita hacer una vida en un régimen de semilibertad (fines de semana en libertad y acudir al centro penitenciario solo a pernoctar). Esta decisión, no obstante, puede ser recurrida y paralizada.

—Pero hay otras vías en el reglamento penitenciario para conseguir permisos al margen del tercer grado, ¿no es así?

—Sí, hay salidas contempladas para hacer programas de integración social que sólo exigen a los internos pernoctas de 7/8 horas al día. Es decir, que sí, hay recovecos para forzar la vida en semilibertad de los condenados

—¿La fiscalía actuará respecto a estos permisos?

—La fiscalía puede recurrir, pero todo esto son hipótesis. Es prematuro hablar de ello porque antes debería producirse la valoración del fiscal de vigilancia penitenciaria.

—¿La fiscalía no actuará a instancias del Gobierno?

—No, la fiscalía no actúa a petición del Gobierno. Existe un cierto desconocimiento en la sociedad española de la figura y las funciones del fiscal. El hecho de que el fiscal general del estado sea nombrado a propuesta del Gobierno distorsiona la percepción sobre su independencia. La Constitución del 78 refleja muy claramente que el fiscal no es poder ejecutivo, sino que forma parte del poder judicial. Es decir, que no se quiso que la fiscalía fuese una correa de transmisión del Gobierno ante los tribunales.

—¿Y cómo se puede corregirse esta percepción sobre la dependencia de la fiscalía del Gobierno?

—Habría que establecer algunas medidas para dejar más claro la separación con el Gobierno. El fiscal general del estado debería nombrarse para un tiempo de cinco años, su cese no debería ir vinculado al cese del Gobierno, deberíamos tener capacidad para regular nuestro propio presupuesto al margen del Ministerio de Justicia y también capacidad para autorreglamentarnos. Hay que romper estas dependencias del Ministerio de Justicia para estar definitivamente alejados del poder ejecutivo y que la sociedad lo perciba. Porque nosotros no somos servicios jurídicos del estado.

—No sólo hay vínculos de la fiscalía con el Gobierno. En Cataluña también los hay con la Generalitat.

—Hay un vínculo material porque comunidades como Cataluña tienen competencias en materia de justicia. Y la Generalitat aporta medios, sea edificios o sea material de oficina.

—¿Les dan muchos bolígrafos?

—Más bien pocos. La primavera pasada se atendieron peticiones en cuanto a funcionarios sustitutos, pero en estos momentos las relaciones no son muy fructíferas.

Los jueces y fiscales en Cataluña

—Hábleme de la situación de jueces y fiscales en Cataluña. No parece una profesión con mucha arraigo en la comunidad.

—Al margen de la situación crítica que se vive actualmente en Cataluña, es cierto que partimos de que hay pocos catalanes opositores. De 330 fiscales en la provincia de Barcelona, no somos más de 40 catalanes, y entre los jueces la proporción no debe de ser muy diferente. Por poner otro dato: desde 2003 a 2016 han aprobado 186 catalanes entre las dos carreras. Quiero decir con esto que, en efecto, no hay tradición de oposición a estos cuerpos en Cataluña y que nos nutrimos básicamente de compañeros de otras comunidades.

—Un problema de vocaciones, digamos. Pero también lo hay de fuga de jueces.

—En los últimos tres años, sí que han existido muchas marchas de Cataluña entre los jueces. En 2017, se marcharon 21. En 2018, fueron 48. Y en 2019, un total de 32. Y no son plazas que se reponen. De hecho, de cada cuatro vacantes en toda España una siempre es en Cataluña y esto refleja lo que está sucediendo: los jueces tienen menos deseo de mantenerse en Cataluña que en épocas anteriores. El Estado tiene que ser consciente de esto y debe establecer una estrategia para que la justicia siga siendo de calidad y atendida por profesionales de primer orden.

—¿Qué medidas debe establecer el Estado?

—Para empezar, se debería establecer un complemento salarial de la misma manera que existe en el País Vasco, en las islas, en Ceuta y en Melilla. No digo que este complemento deba establecerse solo en Cataluña por la situación que estamos viviendo porque también que habría que establecerlos en otros lugares por otras circunstancias: por acumulación de trabajo, por servir de conejillo de Indias para la justicia digital… Pero en Cataluña es necesario un complemento para evitar la fuga de compañeros. Así, por ejemplo, los más jóvenes, con niños pequeños, podrían usar ese complemento para que su hijo no vaya a un colegio público donde le adoctrinen y puedan ir a un concertado o a un privado.

—¿Qué piensa sobre este comentario cada vez más insistente: «el Estado se ha retirado de Cataluña»? 

—La apreciación que puede tenerse por una parte importante de la ciudadanía de Cataluña es que hace falta una presencia más evidente del Estado en Cataluña que atienda al cumplimiento por las instituciones del marco legal constitucional y estatutario.

—En breve va a celebrarse el congreso de la Asociación de Fiscales que usted preside. ¿Qué espera?

—Va a ser un congreso centrado en temas de la carrera fiscal que tenemos que mejorar necesariamente. Por ejemplo, un complemento de carrera horizontal que cambiaría un poco la forma de concebir las retribuciones dentro de la carrera judicial y fiscal. Y luego, debe ocuparnos la manera de crecer de la Asociación de Fiscales ante la sociedad.