Teletrabajo: los funcionarios prefieren quedarse en casa
Una encuesta de la Administración General del Estado revela que casi la totalidad de los trabajadores considera necesaria una regulación
El confinamiento decretado ante la pandemia de coronavirus obligó a un gran número de trabajadores a continuar con sus tareas en sus domicilios. Una opción que ha calado bien en la administración: el 86% de los funcionarios considera que el teletrabajo debería ser la opción habitual, según la última encuesta publicada por UGT este jueves.
7 de cada 10 encuestados cree que al menos tres cuartas partes de su trabajo las puede realizar acogiéndose a esta modalidad. No obstante, la gran mayoría (97%) considera que es necesario regular esta opción para los trabajadores del sector público.
Y, entre estas peticiones, solicitan una inversión en equipos, soporte técnico y formación para conseguir una mayor productividad en la transición hacia el teletrabajo.
Más de la mitad cree que la experiencia durante los más de dos meses de estado de alarma ha sido satisfactoria, frente al 43% que valora negativamente esta modalidad durante el mismo periodo.
Entre algunas ventajas, un 45% señala la flexibilidad y la concilicación, además de la reducción del tiempo de desplazamientos y, por ende, la mejora medioambiental.
Sobrecarga de trabajo y falta de equipos
Entre los inconvenientes figuran la sobrecarga de trabajo y la extensión de la jornada laboral; dos de los aspectos más criticados por el 68% de los encuestados. Le siguen los problemas psicológicos derivados, como las sensaciones de aislamiento o el temor a no promocionar, algo que remarca el 24%.
Cuestionados sobre si reúnen las condiciones necesarias para teletrabajar en domicilio, como espacio y mobiliario adecuados, conexión a internet u ordenador, el 10% cree que no las cumple mientras que un 49% considera que requiere mejoras en algunos aspectos.
«Es obvio que el teletrabajo es una opción que ha venido para quedarse», señala Pepe Álvarez, secretario general de UGT, «y en la que hay que perfilar el modelo adecuado para que sirva tanto a la prestación del servicio público como a la salvaguardia de los derechos de sus protagonistas».
