Sanidad distribuye 5,8 millones de mascarillas para frenar críticas
El Gobierno defiende su sistema de compras centralizadas, pese al desabastecimiento, porque el balance es "positivo"
El gobierno insiste en alejar en alejar las acusaciones de desabastecimiento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que este martes el Gobierno ha distribuido 5.848.000 mascarillas de protección entre las comunidades autónomas y ha insistido en que no hay «ningún impedimento» para que las regiones sigan adquiriendo productos sanitarios.
El ministro de Sanidad, que ha comparecido junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que en circunstancias normales son las autonomías las que se encargan de abastecerse de estos productos, pero que la crisis del coronavirus genera circunstancias «excepcionales» con un mercado desabastecido y con mucha competencia.
Illa ha rechazado que haya sido un error el mecanismo de compra centralizada de material sanitario, ya que para el Gobierno ha supuesto un balance «positivo» que demuestra que se hizo correctamente en adoptar la medida.
Fuentes de abastecimiento
El gobierno ha explicado que su principal mercado es China, y que el Ejecutivo está comprando en el mercado test rápidos y respiradores. Illa ha insistido en que en ningún momento se ha dificultado que las comunidades compren material por su cuenta, sino todo lo contrario, informaciones que ha tildado de «bulos».
Además, ha informado que se ha puesto en marcha toda la producción nacional, porque el auto-abastecimiento es lo que «nos va a proporcionar la garantía de disponer de esos productos en las próximas semanas y meses».
El gobierno también ha querido dejar claro que toma las precauciones «que se deben tomar» para garantizar que los productos adquiridos tengan la calidad exigida y que las ofertas que le hacen sean serias y no «movimientos especulativos».
Créditos a empresas
El Gobierno avalará 20.000 millones euros –de los 100.000 millones que ya están aprobados– de líneas de liquidez bancarias al sector empresarial para evitar su derrumbe por la crisis del coronavirus, especialmente en el caso de pymes y autónomos.
El Estado responderá del 80% de la financiación en el caso de pymes y autónomos, y del 60-70% en cuanto a compañías «con más músculo». Los 20.000 millones se repartirán al 50% entre las pequeñas firmas y las grandes sociedades.
«Las entidades financieras han trasladado su voluntad de poner líneas de crédito para sostener la producción, y el gobierno ha adoptado toda una batería de medidas que intentan auxiliar al tejido empresarial«, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los préstamos serán retroactivos desde del día del estado de alarma y podrán acogerse a e llos las entidades que tienen acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estos créditos tienen como objetivo refinanciaciones de empresas y autónomos que tengan problemas de liquidez, y también préstamos nuevos.
Montero ha anunciado que la vigencia de los avales tendrá la misma duración que la vida del préstamo, con un máximo de 5 años. La ministra considera que estos créditos servirán para afrontar pagos que van desde «salarios hasta necesidades de circulante, pasando por obligaciones financieras o tributarias».