Los empresarios anticipan despidos «masivos» por el cerrojazo

La paralización de las actividades no esenciales decretadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contener la expansión del coronavirus provocará un «enorme impacto sin precedentes» en la economía española. Así de contundentes se mostraron la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE) y Cepyme, las patronales que representan al tejido industrial doméstico, en un comunicado conjunto emitido tras el anuncio del Ejecutivo. 

Las nuevas restricciones llegan ante el avance de la epidemia de Covid-19 y la imposibilidad de contener el avance de la curva de contagios. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad ha confirmado más de 73.000 personas infectadas y cerca de 5.900 fallecidos en España.

El cese de las actividades de los trabajadores no esenciales entrará en vigor desde este lunes y se extenderán hasta el próximo 9 de abril, dos días antes de que previsiblemente acabe el estado de alarma. Sectores como la construcción tendrán que interrumpir durante dos semanas las obras que no sean de estricta necesidad, según ejemplificó el presidente del Ejecutivo en su comparecencia. 

Durante este plazo, el salario de los trabajadores estará retribuido de forma íntegra a través del plan de contención de 120.000 millones de euros. Sin embargo, para las patronales, el parón puede llevar a una crisis económica «más profunda» que podría «llegar a ser social». 

CEOE y Cepyme reclaman que las nuevas medidas se acompañen de otras para evitar la «destrucción masiva» del empleo y del tejido empresarial «de manera definitiva». El impacto, señalan, afectará «especialmente» a sectores como el industrial. 

«No discutimos las últimas medidas sanitarias adoptadas y vamos a cumplirlas, como hasta ahora», recuerdan, no obstante, las patronales de los trabajadores, que indican que ahora «la prioridad» es «la salud de las personas». 

El parón se recuperará en los próximos meses

Según explicó Sánchez en su comparecencia, todos los trabajadores que tengan que parar sus actividades durante las próximas dos semanas tendrán que recuperar las horas de forma «paulatina» hasta el 31 de diciembre. «Estas medidas son de una extraordinaria dureza», reconoció. 

Para CEOE y Cepyme, el escenario actual es de «un desconcierto total en la actividad empresarial». «Los empresarios españoles necesitan urgentemente conocer la lista de las actividades que se consideren esenciales para poder adoptar las medidas oportunas», reprochan ambas entidades en su comunicado. 

Cuestionado por la prensa -a través del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver– en la rueda de prensa posterior a su declaración, Sánchez se remitió al real decreto por el que se aprobó el estado de alarma el pasado 11 de marzo. «Lo que esperamos es que estas dos semanas que quedan nos permita reducir el número de afectados», explicó. «Ahora lo que queremos es reducir el número de hospitalizados», indicó el presidente sobre la prioridad de su Ejecutivo. 

Las pymes ven «improvisadas y poco responsables» las nuevas medidas

Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa catalana, se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno de paralizar las actividades consideradas no esenciales por el coronavirus, una medida que considera «improvisada, poco responsable y de nula sensibilidad empresarial».

«Con este tipo de medidas, faltas de seguridad jurídica y de nula sensibilidad empresarial, no saldremos bien de esta crisis y condicionaremos de manera preocupante nuestro futuro económico», alerta en un comunicado la entidad que preside Josep González.

Para Pimec, el hecho de que esta medida de obligado cumplimiento a partir del lunes se haya anunciado el sábado por la tarde «demuestra la improvisación e imposibilita la capacidad de reacción y de organización de las empresas». Además, constata la «poca sensibilidad empresarial» del Gobierno, que hace que sean los empresarios los que paguen el sueldo de los trabajadores y no la administración a través de ERTE u otros mecanismos.

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) también ha expresado su opinión. Ha expresado que considera la decisión adoptada en el último Consejo de Ministros «como precipitada, gravísima, unilateral, injustificada y de dudosa constitucionalidad, que atenta contra la libertad de empresa y que parece ser adoptada a espaldas de la realidad que viven las empresas y los autónomos españoles por culpa de la actual pandemia».