Solo uno de cada diez beneficiarios de renta mínima cobrará en junio

El Gobierno da luz verde este viernes al ingreso mínimo vital, una de las medidas recogidas en su plan para amortiguar el efecto de la crisis del coronavirus y que llegará a alrededor de un millón de hogares, de los cuáles los 100.000 primeros recibirán esta prestación en junio. La cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros en función del tipo de hogar.

La medida será aprobada en el Consejo de Ministros Extraordinario que se celebra este viernes. Será presentada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, responsables de la propuesta. 

El texto se aprobará a través de un Real Decreto e incluye algunos criterios para recibir el ingreso mínimo como acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, por lo que se excluye a los migrantes que se encuentren en situaciones irregular. Solo se contemplan excepciones como mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género o víctimas de la trata de seres humanos.

La edad mínima para recibir la contribución será 21 años salvo en los supuestos mencionados, y marca un límite máximo de 65 años. 

Se incluyen asimismo propuestas de incentivación del empleo a través de la inclusión de las personas beneficiarias. Se creará además una comisión de seguimiento, presidida por Escrivá, al que se sumará un consejo consultivo.

En sus cálculos, el Gobierno prevé que el coste de la renta mínima crecerá hasta 3.000 millones de euros al año, que tendrán que ser financiados con los presupuestos generales. Esta medida se complementaría, además, con otras rentas salariales y con prestaciones de las comunidades autónomas. 

Distintas competencias en función de las CCAA

Por el momento, País Vasco y Navarra asumirán el 100% de los trámites del ingreso mínimo; algo que ha propiciado que otras comunidades como Galicia o Cataluña hayan pedido tener el mismo régimen. En el caso de la Comunitat Valenciana, por su parte, ha pedido una «cogestión» de la prestación. 

Otras regiones, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Baleares, han criticado que haya diferencias entre las comunidades, aunque tampoco sean partidarios de la gestión total de la contribución.