La Guardia Civil concluye que no se debería haber celebrado el 8-M

El informe de la Guardia Civil solicitado por la juez Carmen Rodríguez-Medel como parte de la investigación de las manifestaciones del 8-M concluye que «no se deberían haber realizado» ninguna concentración en la Comunidad de Madrid ante el riesgo que suponía la pandemia de coronavirus.

Así figura en la página 83 del documento, en el que además se reconoce que la Delegación del Gobierno en Madrid «tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones» en los días previos a la convocatoria del estado de alarma, que finalmente entró en vigor apenas una semana más tarde, el 14 de marzo. 

Precisamente este lunes, Rodríguez-Medel solicitó la comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, así como de otros tres altos cargos del organismo en la comunidad, para el próximo 5 de junio, con el objetivo de determinar la supuesta infracción en la que incurrieron al dar luz verde a las marchas. 

Según el informe, a fecha del 5 de marzo ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos» así como del «control exhaustivo de la evolución de la enfermedad y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar». 

La Guardia Civil subraya en el documento que las «recomendaciones imperativas» del Ministerio de Sanidad a un colectivo evangélico que tuvo que cancelar un acto -y otra maratón que también fue suspendida-, además del «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones», son indicios de la «preocupación» de estos por la pandemia. 

La Delegación, al corriente en febrero

Según un documento interno de prevención de riesgos laborales de la Delegación en Madrid, fechado el 28 de febrero y posteriormente actualizado al 5 de marzo, se apunta que el personal «tiene constancia de la gravedad de la enfermedad». Además, revela advertencias como mantener «distanciamiento social» entre empleados de al menos un metro. 

Otro documento interno de la Policía Nacional hace un recopilatorio también de comunicaciones mantenidas entre distintos organismos con personalidades internacionales del ámbito sanitario además de con distintos representantes de los Gobiernos regionales. Esto refleja que el Ejecutivo tenía conocimiento de la gravedad de la pandemia desde, al menos, el 24 de enero. 

En aquella fecha, el entonces responsable del informe, José Antonio Nieto, solicitaba evitar las aglomeraciones en público, aunque posteriormente terminó siendo destituido de su puesto antes incluso del comienzo de la pandemia.