El tope al precio de las mascarillas castiga a las farmacias
La regulación del precio de productos sanitarios perjudica a farmacias y empresas textiles que los han adquirido por encima del máximo estipulado
El Gobierno regula desde este viernes el el precio de algunos de los productos sanitarios más demandados en la crisis del coronavirus. La medida, no obstante, ha paralizado las ventas, debido principalmente a que hay farmacias que han adquirido estos productos por encima del valor que le ha otorgado el Ejecutivo, por lo que la comercialización sale a pérdidas.
Sanidad ha estipulado un máximo de 0,96 euros -IVA incluido- para las mascarillas quirúrgicas. El precio de los geles hidroalcohólicos, por su parte, variará en función de la cantidad del bote: 0,021 euros por mililitro (ml) hasta los 150 ml y 0,018 euros por ml por cada bote que contenga entre 150 y 300 ml.
Las quejas de los farmacéuticos se unen a las de la industria textil. La patronal del sector, el Consejo Intertextil Español, criticó la decisión señalando que la venta de las mascarillas al precio fijado «perjudica seriamente a los fabricantes españoles».
Asimismo, señala en un comunicado emitido este miércoles, después del anuncio de la medida, que esto provocará «una economía sumergida» en la que habrá «precios desorbitados en el mercado negro». Por ello, considera que el control de precios es «confuso» y «no está justificado».
Problemas de desabastecimiento
El Consejo Intertextil señala que la regulación traerá consigo el «desabastecimiento de mascarillas en pocos días» debido principalmente a un consumo «acaparador irresponsable». «[La medida] daña a la industria española, no permitiéndole competir con su oferta y suministrar artículos fabricados en España», apuntan.
Otros países, como Francia o Alemania, ya intervinieron en el control de los precios tanto de las mascarillas como de los geles hidroalcohólicos. En este sentido, el Ejecutivo de Emmanuel Macron fue el primero en llevar a cabo la medida en la recta final de marzo, llegando a nacionalizar incluso la distribución de los botes de gel.
No obstante, las quejas por la regulación de los productos sanitarios no es el único escollo al que se enfrenta el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) presentó este jueves una querella contra el titular del departamento acusándole de «presunta actuación negligente» al haber distribuido las mascarillas defectuosas FPP2, poniendo de esta forma «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario».
