El SEPE reabre sus oficinas el lunes en plena polémica por los ERTE
La dirección del organismo anuncia en un comunicado que volverá a abrir sus centros el próximo 15 de junio en los territorios en fase 3
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) volverán a abrir el próximo martes 15 de junio en los territorios que se encuentren en la fase 3 de la desescalada por el coronavirus. Una apertura «inmediata» que la dirección del organismo rechaza ante el aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que aún faltan por resolver.
Según denuncia el SEPE en un comunicado, todavía hay cerca de 200.000 procedimientos sin resolver, a los que se suman un gran volumen de prestaciones por desempleo que aún no han sido abonadas a los trabajadores.
A pesar, explica el texto, de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró que ya se habían tramitado el 98,5% de la carga de trabajo generada durante la crisis sanitaria.
En esta reapertura, el organismo teme que «la más que previsible angustia e incertidumbre» de los afectados por los ERTE «se trasladará a las oficinas del SEPE». Por ello, exigen las máximas medidas de seguridad sanitaria y vigilancia tanto para los profesionales de las oficinas como para sus usuarios.
«Poco sentido tiene reanudar la atención en unos territorios sí y en otros no si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar», asegura el comunicado.
Asimismo, la entidad afirma que sus empleados han estado trabajando «siete días a la semana y a doble turno» durante el confinamiento desde sus propios domicilios para «resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo».
200.000 personas sin su prestación
En este sentido, el SEPE señala que la carga de trabajo se ha incrementado en un 530% en este periodo frente al año pasado, mientras que la plantilla solo ha crecido un 10% con contratos interinos de seis meses.
Según el sindicato de los funcionarios, CSIF, declarar que se han abonado al completo las prestaciones es «irresponsable» cuando faltan 200.000 personas que aún no las han recibido.
«Todo ello ha generado una lógica frustración y preocupación en los ciudadanos afectados, a los que los empleados púbicos quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones», apunta en un comunicado.
