El control a los medios digitales precipitará un alud de burofaxes
La reforma de la ley de protección de datos dará manga ancha para ejercer el derecho a réplica sobre los contenidos de Internet
La nueva de ley de protección de datos que se aprobará esta semana en el Congreso de los Diputados dará armas legales a los políticos y poderosos a los que supuestamente se ha mancillado su nombre en artículos o comentarios difundidos por Internet. Facilitará que puedan ejercer su derecho a la rectificación. Los abogados especializados en derecho a la información advierten que los medios, plataformas y simples usuarios de las redes sociales se arriesgan a recibir un alud de burofaxes para exigirles la rectificación de contenidos.
El Congreso de los Diputados tramita una reforma de la actual ley de protección de datos. Pasará a llamarse “ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales”. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) celebran que se haya eliminado del proyecto de ley dos aspectos que consideran que atentaban contra la libertad de expresión: la posibilidad de obligar a retirar contenidos sin control judicial o el intento de acabar con el anonimato en Internet. Sin embargo, advierten que la reforma de la ley sigue siendo un peligro para las libertades.
Carlos Sánchez Almeida, abogado de la PDLI, recalca que el proyecto de ley, tal como está planteado, genera “confusión” sobre la aplicación del derecho a rectificación. Este derecho ya está contemplado en la actual ley orgánica 2/1984, pero ahora se pretende ampliar. La nueva ley permitiría actuar contra medios, plataformas y usuarios individuales de redes sociales, no sólo por comentarios o informaciones no veraces, sino también por cuestiones relativas al derecho al honor y a la intimidad. Incluso podría extenderse a los contenidos de opinión.
Dudas sobre la nueva ley
Aquellos que se sientan ofendidos por los comentarios vertidos en Internet sobre su persona, la reforma de la ley les dará más armas para actuar. Sánchez Almeida indica que “es muy fácil enviar un burofax” exigiendo que se modifique o retire un determinado contenido. Además, el proyecto de ley no deja claro si este contenido debe retirarse antes o después de la decisión judicial. Esta situación puede generar “autocensura” para evitarse posteriores problemas legales.
Sánchez Almeida indica que los medios digitales pueden verse afectados. La nueva ley posibilitaría “entrar a saco” en sus hemerotecas. El abogado pone por ejemplo un político que, después de salir exculpado de un proceso judicial, exija el derecho a replica para que conste su versión en todos los contenidos sobre su caso.
Tal como está contemplado el derecho a la rectificación en la actual ley 2/1984, sólo permite rectificar información inexacta, no para proteger el derecho al honor o a la intimidad. Sin embargo, la nueva ley daría manga ancha.
La comisión de justicia del Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la ley por unanimidad el pasado 10 de octubre. Este jueves se debatirá en el pleno y, posteriormente, se ratificará en el Senado al tratarse de una ley orgánica.
Agustín Yanel, secretario general de la FESP, declara sentirse “moderadamente satisfecho” después del debate en la comisión de justicia porque se eliminaron sus aspectos más controvertidos. Sin embargo, coincide con el abogado Sánchez Almeida en que la reforma de la ley puede convertirse en un peligro para las libertades.
