La contraoferta del Gobierno al referéndum: lluvia de traspasos y nuevo sistema de financiación

Posiciones alejadas, soluciones contrapuestas a un mismo conflicto. Pedro Sánchez se ciñe a su Agenda para el Reencuentro como base para solucionar la crisis catalana, sin aceptar la «amnistía y autodeterminación» exigida por Aragonès. Una propuesta que incluye ampliar el autogobierno de Cataluña y también la promesa de un nuevo sistema de financiación.

Según el documento presentado por Sánchez, al que ha tenido acceso Economía Digital, el Gobierno se compromete a «diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica que permita garantizar la lealtad y la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles», a la vez que permita una «justa distribución de los recursos públicos».

El Gobierno considera que la transformación del sistema de financiación autonómica de régimen común, no se contempla a priori un sistema parecido al vasco o al navarro, permitirá a la Generalitat «proveer los servicios y prestaciones que son de su competencia».

Saca pecho de las concesiones en los PGE

En la lluvia de millones, se pone en valor que el Gobierno haya suspendido para 2022 las reglas fiscales, tal y como se decidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que las CCAA cuenten «con los recursos necesarios para combatir la pandemia y afrontar sus consecuencias sociales y económicas, fomentando una recuperación equilibrada, sólida, inclusiva y sostenible».

También, que los PGE de 2020 han supuesto un «avance histórico» al recoger un volumen de recursos de 24.215€. En cuanto a las inversiones, que ascienden a 2.439M€, asegura que se cumple «la Disposición Adicional Tercera del Estatut» y que representa un 18,1% del total regionalizado: «Porcentaje superior al peso de población y próximo a su contribución al PIB».

Los traspasos competenciales, una reivindicación histórica de los anteriores gobiernos de la Generalitat, avanzan «decididamente» según lo previsto en la Comisión Bilateral del pasado 2 de agosto. El Gobierno promete «grupos de trabajo para analizar otras materias de ser susceptibles de ser traspasada».

Avances con el Corredor Mediterráneo y La Sagrera

Otro de los puntos que Sánchez pone sobre la mesa son las infraestructuras. Tras sacar pecho en el documento del plan Rodalies de Catalunya 2020-2030, con inversiones de 6.300 millones de euros, o la liberalización de los peajes de la AP-7 y la AP-2 –histórica reivindicación catalana– también ha ahondado en el corredor del mediterráneo.

«Se sigue avanzando en iniciativas como el Corredor Mediterráneo, la estación de La Sagrera y el Plan de Rodalies, incluyendo las operaciones de integración ferroviaria de Sant Feliu, Montcada y l’Hospitalet». También, del impuso al transporte de mercancías por tren con «la instalación logística de Can Tunis y en la Terminal de la Llagosta».

Salvamento marítimo de los Mossos y formación sanitaria

Entre las materias susceptibles de ser transferidas, de las que el Gobierno de España se compromete a estudiar su viabilidad, destacan las relacionadas con la formación sanitaria especializada. La Generalitat pidió descentralizar el MIR, la especialización médica tras la carrera, algo que el Gobierno había descartado.

También con las políticas de seguridad relativas al salvamento marítimo. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil mantienen un litigio competencial sobre cuál es el cuerpo apto para actuar en trabajos relacionados con esta cuestión. La policía autonómica avanza en esta cuestión, pese a carecer en la actualidad el amparo legal para poder hacerlo.

«De los 56 traspasos solicitados por la Generalitat, se ha solicitado a los ministerios informe para evaluar su viabilidad y calendario, en su caso». Además, insiste en el compromiso de mantener la Comisión de Inversiones e Infraestructuras, viable a partir de septiembre, y la de Asuntos Económicos, a partir de diciembre.

Discreta visibilidad en la UE

Sánchez también estudia dar cierta visibilidad internacional a la Generalitat: «El Gobierno avanza en el diálogo y la cooperación para dar seguimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Plan Estratégico catalán de acción exterior y de relaciones con la UE 2019-2022». El objetivo es que se adapte a la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado.

Además, cuenta con el gobierno autonómico para su participación en el ámbito de la Unión Europea para la «formación de Empleo y Política Social» y también en Sanidad. Elementos técnicos y de autogobierno, alejadas de las mal llamadas ‘embajadas catalanas’ y la propaganda independentista de la Generalitat.

El Gobierno también plantea salvar TV3 de la difícil situación económica y financiera, consecuencia del IVA deducible que puso en riesgo su viabilidad. Este tema puede formar parte de la Comisión-bilateral, «sin perjuicio de las competencias de las Cortes Generales y del Parlament de Cataluña».