La ley catalana del 1-O ya es oficialmente anticonstitucional
El Tribunal Constitucional anula definitivamente la ley del referéndum que estaba suspendida y bajo la que se celebró el 1-O
El Tribunal Constitucional (TC) anula de manera definitiva la ley del referéndum creada para la votación del pasado 1 de octubre. El alto tribunal, que ya había suspendido la norma, ha tomado la decisión por unanimidad. Y la justifica en base a que “invade competencias estatales en materia de consultas de carácter refrendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación española”.
La ley del referéndum fue aprobada tras un bronco y tenso debate en el Parlament el pasado 6 de septiembre. Un día después, el TC la suspendía cautelarmente tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy.
En la sentencia de 46 páginas, los magistrados del TC inciden precisamente en que, durante su tramitación parlamentaria, la Cámara catalana incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo” que afectaron, entre otros asuntos, a los derechos de las minorías parlamentarias y los derechos fundamentales de sus representados (la ciudadanía).
TC: sólo el Estado tiene competencias en el «instituto del referéndum»
El juez Andrés Ollero, ponente en esta sentencia, apunta que “un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”. Igualmente, el TC recuerda que sólo el Estado tiene competencias en el “instituto del referéndum”, en cualquier “modalidad o ámbito territorial”.
Derecho de autodeterminación
El tribunal también rechaza que la Constitución ampare el derecho de autodeterminación, entendido como el “derecho [de un territorio] a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España”.
«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», sentencia.