El Consejo de Europa aprieta al Gobierno para que reforme la elección del CGPJ
Las instituciones europeas también reclaman cambios en la selección y la duración de los mandatos de la Fiscalía General del Estado
El Consejo de Europa ha mandado un nuevo aviso al Gobierno de Pedro Sánchez para que facilite una reforma en el método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dé un papel activo a los magistrados en la selección de sus propios representantes. Es una de las líneas rojas fijadas por el Partido Popular para negociar el desbloqueo de la institución.
La recomendación se ha reflejado esta vez en el informe de evaluación elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que ha mostrado su malestar por que la clase política española no haya llevado a cabo ya este cambio en el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces.
«Es sumamente importante que se consulte al poder judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y a sus prioridades», reza el documento.
Esta situación es la que ha enquistado las conversaciones entre socialistas y populares. La formación de Pablo Casado exige acometer las modificaciones que plantea Europa para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces. Mientras que Pedro Sánchez se aferra a la actual normativa, que deja toda responsabilidad en el Parlamento con una mayoría de tres quintas partes, que obliga a grandes pactos entre Gobierno y oposición.
El Consejo de Europa ha lamentado que no se haya producido «ningún resultado tangible» en este ámbito en los últimos siete años, cuando han gobernado tanto populares como socialistas, a pesar de las críticas que ha recibido el sistema actual tanto en el panorama español como en los foros internacionales. «La situación es exactamente la misma y las preocupaciones expresadas
por GRECO a la luz de ello continúan igual», ha remarcado.
«Cada vez que se ha llevado a cabo una renovación del CGPJ, se han expresado recelos sobre la negociación política y para el nombramiento de puestos judiciales clave», expresa el informe.
El Consejo de Europa también cuestiona la elección de la Fiscalía
Más allá del bloqueo en el Poder Judicial, el Consejo de Europa también ha exigido a la clase política la reforma de otras instituciones judiciales como la Fiscalía General del Estado. A su juicio, es necesario un cambio tanto en el método de selección como en la duración de su mandato para no empañar su «percepción de autonomía».
Precisamente, la elección de la exministra socialista, Dolores Delgado, como fiscal general ha provocado también un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Su destitución es otra de los requisitos que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa para sentarse a negociar la renovación de los órganos constitucionales que han acabado su periodo.
El Grupo de Estados contra la Corrupción también ha pedido a los grupos políticos que aborden reforma en algunas de las normas que actualmente rigen la labor de la Fiscalía. Por ejemplo, la actual ley de 1981 que establece la posibilidad de que el Gobierno sea informado sobre sus actuaciones, aunque no se haga de forma pública ni por escrito.
«GRECO solo puede reiterar la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas», expresa el informe.