Un agujero de 65M frena la disolución del consejo del Barcelonés
Un agujero de sus empresas públicas complica la supresión de una administración que está en la lupa de la Fiscalía
Todos los grupos políticos del Consejo Comarcal del Barcelonés acordaron en marzo pasado solicitar al parlamento catalán y a la Generalitat la disolución de esta administración local. Todos los grupos del parlamento también están por la labor. Tres de ellos –Junts pel sí, Ciudadanos y PSC– ya han presentado sus propuestas, que coinciden en la necesidad de suprimirla, pero ha surgido un escollo: la deuda de 65 millones de Regesa, una empresa pública comarcal dedicada a la promoción inmobiliaria y a la rehabilitación de barrios.
El presidente del consejo comarcal y de Regesa es el socialista Francesc Josep Belver, primer teniente de alcalde de Núria Marín en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Marín es la número dos del PSC. Representan al sector del socialismo metropolitano que ha mostrado más reparos a la disolución del consejo.
Consejo del Barcelonés: el escollo para disolverlo está en los 65 ME de deuda de su empresa pública
El republicano Jordi Coronas, concejal de Barcelona y consejero comarcal, indica que Regesa también debe “disolverse” porque ninguna empresa pública puede asumir su pasivo. Considera que deberá responder con los activos que le queden y liquidarse. Recuerda que se trata de una promotora que no ha ejecutado ningún nuevo encargo de obra desde hace años y que la Fiscalía investiga su gestión. Precisamente, de Coronas partió la propuesta para acabar con el consejo por entender que es “innecesario”.
Àlex Mañas, portavoz del grupo comarcal de Entesa –donde se agrupan ICV, EUiA y los comuns de Ada Colau–, también propugna la disolución tanto del consejo como de sus empresas públicas. Mañas reprocha a ERC que se suban ahora “al carro” porque él mismo propuso al entonces republicano Joan Carretero, cuando era titular de administraciones públicas del gobierno tripartito de Pasqual Maragall, que liquidara el consejo del Barcelonés y sus empresas. Entonces no lo consideraron oportuno.
La CUP echa más leña al fuego
El PP y la CUP también son partidarios de la liquidación de Regesa. Los anticapitalistas denunciaron en marzo pasado las irregularidades del consejo y de sus empresas ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Sitúan la deuda de Regesa en 64,8 millones de euros. En una de sus filiales, Regesa Aparcaments, figura como coordinador general José Luis Hernández, marido de Núria Marín.
El equipo de gobierno del consejo, formado por socialistas y convergentes, está a la espera de que el parlamento catalán acuerde la supresión. No obstante, no ha presentado ningún plan sobre qué hacer con sus empresas públicas. Desde la oposición se apunta que será más fácil liquidar el consejo que las sociedades a causa de su abultada deuda. Se trata de tres corporaciones: Regesa, Regesa Aparcaments y Marina Badalona.
Sin presupuestos: el consejo no pudo aprobarlos porque parte del equipo de gobierno no fue a votar
Belver intentó que los ayuntamientos de la comarca –Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besós, todos con alcaldesa al frente excepto el último– contratasen nuevas obras a Regesa, pero no lo ha conseguido, según apunta Coronas. La Sindicatura de Cuentas ya advirtió al consejo de que los ayuntamientos no podían contratar directamente a estas empresas, sólo mediante un concurso público.
El gobierno comarcal agoniza. En el pleno de este mes de abril ni siquiera consiguieron aprobar los presupuestos para 2017, pero no por culpa de la oposición, sino por las ausencias de los miembros del equipo de gobierno. Se registraron trece votos en contra (PP, CUP y ERC), doce abstenciones (Entesa y Ciudadanos) y sólo once votos a favor (PSC y CiU) porque inexplicablemente faltaron tres de sus miembros. Con ellos, habrían ganado la votación y ahora podrían gestionar un presupuesto de 27,5 millones de euros. Al menos hasta que llegué su disolución. La oposición espera que sea antes de finalizar este año.
