Los consejeros de Puigdemont tienen poco patrimonio que perder
Los consejeros de Puigdemont acumulan un patrimonio de poco más de tres millones, con el que sólo cubrirían la mitad del referéndum, y deudas de casi un millón
El presidente Carles Puigdemont y sus consejeros aseguran que no temen las posibles inhabilitaciones ni la pérdida de su patrimonio por poner las urnas el próximo 1 de octubre. Según sus declaraciones de bienes, acumulan propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, títulos y planes de pensiones por un importe de cerca de tres millones de euros. Tan sólo cubrirían la mitad del coste del referéndum. Además, suman unas deudas de más de 900.000 euros en hipotecas y créditos al consumo.
En conjunto, los actuales consejeros de la Generalitat tienen poco que perder si les condenan por organizar un referéndum ilegal, aunque hay excepciones. El titular de Territorio, Josep Rull, declaró al principio de legislatura un patrimonio inmobiliario por un valor de 830.000 euros, fruto de una herencia familiar. También posee cuentas y un plan de pensiones por otros 90.000 euros. En segunda posición se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras, con un patrimonio inmobiliario de 160.000 euros, así como con cuentas, acciones y plan de pensiones por otros 234.000 euros.
Diversos consejeros tienen un saldo negativo si del valor declarado de sus bienes se restan créditos e hipotecas. Así, Santi Vila tiene activos por cerca de 146.000 euros y deudas por 196.000; Carles Mundo, por 111.00 y 129.000; Meritxell Serret, por 54.000 y 110.000; y Víctor Cullell, el nuevo secretario del gobierno, por 87.000 y 121.000.
Referéndum: el patrimonio de los consejeros de Puigdemont sólo cubre la mitad de lo que costará
Con los bienes que declaran los miembros del gobierno de Puigdemont, no se puede cubrir el coste de un referéndum. La consulta del 9 de noviembre de 2014 contó con un presupuesto de más de cinco millones de euros. El patrimonio del actual gobierno de Puigdemont tan sólo asciende a poco más de tres millones de euros, si bien falta contabilizar las propiedades de la consejera Clara Ponsatí –de la que todavía no se ha hecho pública su declaración de bienes- y el importe de la vivienda del consejero Joaquim Forn.
El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento para exigir a los inhabilitados por el 9N que paguen los más de cinco millones de euros que costo aquella consulta. Los inhabilitados son Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, que fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como Francesc Homs, este por el Tribunal Supremo.
Preparan una caja de resistencia
Oriol Junqueras y Jordi Turull, nuevo consejero de Presidencia y portavoz del gobierno, indican que si hace falta montarán una caja de resistencia para pagar las multas de los condenados por el 9-N. Quizás luego monten otra para sufragar las sanciones del 1-O. Por cierto, Turull está entre los que menos patrimonio declaran: 50.000 euros en bienes inmobiliarios y 67.000 en cuentas y planes de pensiones. El más pobre es Toni Comín, titular de Salud. Sólo declara unas cuentas con 44.000 euros. Vive de alquiler.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido al gobierno de Puigdemont que si tira adelante la compra de urnas incurrirá en un delito de malversación de fondos públicos.
