Confundir ‘puñetazo’ con ‘puñalada’, así se traduce en los juzgados de Madrid
La denuncia de un abogado o un fiscal por falta de garantías podría anular centenares de juicios. Algunos magistrados deciden repetir vistas por las dudas con las traducciones
Ser intérprete judicial es una profesión devaluada. Tras la llegada en 2007 de las empresas privadas, que gestionan el servicio de traducción e interpretación en los juzgados de Madrid, cualquiera puede obtener este trabajo. Los profesionales cualificados han huido de los juzgados por los pagos irrisorios: diez euros brutos la hora.
Han quedado los traductores «buscavidas», los inmigrantes que se sienten con capacidad de hacer un trabajo de este tipo e, incluso, los farsantes e impostores.
Un periodista de Economía Digital se hizo pasar por traductor cualificado para demostrar lo fácil que es para cualquiera trabajar en los juzgados aún cuando no tiene ni idea del idioma que dice dominar. Sin haber acreditado conocimientos de idiomas ni haber aportado el título universitario correspondiente, fue contratado como intérprete por la empresa Seprotec y hasta se le asignó un juicio de agresión en los juzgados de Madrid.
Los magistrados y los trabajadores judiciales están alarmados por el aumento de incidentes en los juzgados por malas traducciones. Cualquiera que se crea con dominio del idioma puede obtener este trabajo indispensable para garantizar un juicio justo.
Confusión con los organismos
Pero los traductores e intérpretes, muchas veces no tienen ni la capacidad ni las condiciones necesarias para desempeñar esas funciones. En un reciente juicio por agresiones en un juzgado de lo penal de Madrid, el intérprete de rumano traducía la versión del acusado.
Al explicar su versión, traducida al castellano, explicó que el detenido reconocía haber dado «una puñalada» al demandante. Entonces, el abogado defensor, que tiene conocimientos de rumano y castellano, tuvo que corregir al intérprete. «Mi defendido no ha dicho puñalada sino puñetazo», corrigió el letrado.
La injerencia no es un caso aislado. Los jueces, fiscales y trabajadores judiciales intervienen cada vez más en el trabajo de los intérpretes. El desconocimiento de los idiomas necesarios para estas funciones ha causado situaciones esperpénticas, según relatan sus trabajadores.
‘Ministerio fiscal’ por ‘ministerio de Finanzas’
Un traductor que debía enviar un documento a la fiscalía de Rumanía confundió «Ministerio Fiscal» con «Ministerio de Finanzas». La documentación, en lugar de llegar a la fiscalía rumana terminó perdida en las oficinas del ministerio encargado de los asuntos económicos.
Las enormes diferencias idiomáticas pueden ser una barrera incluso entre ciudadanos chinos o entre árabes de diferentes países, pero ni los jueces ni los tribunales se sienten con capacidad de supervisar a la empresa privada encargada de la selección de estos profesionales, que no trabaja «con demasiado detalle ni esmero», según los profesionales judiciales.
Después de un trabajo deficiente del traductor o intérprete, las dudas sobrevienen hasta en los propios jueces. «Estaba a punto de dictar una sentencia pero temí que el acusado no hubiese entendido plenamente a su intérprete».
«Así que, ante las dudas, decidí repetir el juicio para garantizar que el acusado tuviese todas las garantías procesales tal como exige la ley», explica a este diario la juez Pilar Luna, la magistrada que más ha denunciado el problema y que ha suspendido numerosos juicios al considerar que los intérpretes no acreditaban la suficiente preparación para trabajar en un juzgado.
La traductora cómplice
Del correcto trabajo del intérprete no sólo depende la libertad de los acusados, sino también los trabajos de investigación judiciales y policiales. Hace dos semanas, los Mossos d’Esquadra detuvieron a una de sus traductoras al albanés al descubrir que la mujer encargada de realizar las escuchas policiales a un grupo de delincuentes terminó por alertarlos de que la policía los estaba investigando.
Las dudas sobre un traductor podrían causar la anulación de un juicio, explica Hassan Saharaui, coordinador del servicio de traductores e intérpretes de los juzgados de lo penal de Madrid e intérprete judicial y jurado. Cualquier denuncia de un abogado o un fiscal ocasionaría anulaciones de juicios.
Las fisuras en las garantías procesales podrían quedar al descubierto.
