Condenados ocho militantes de Arran por vandalismo
Ocho miembros de Arran deben pagar 24.000 euros por daños a establecimientos durante una manifestación anticapitalista en Barcelona
El 1 de mayo de 2016, una manifestación anticapitalista en Barcelona, en la que participaron militantes de Arran –la organización juvenil de la CUP–, acabó con daños a establecimientos ubicados entre la calle de Pelai y la plaza de Catalunya. Los hechos le han valido una condena a ocho militantes de Arran que, en total, suma unos 24.000 euros, según informó el grupo independentista este miércoles.
La Audiencia de Barcelona condenó a los militantes de Arran a pagar 24.057 euros al designarles responsables de un delito de daños durante la referida manifestación, al considerar que estos activistas formaron un «círculo de seguridad» en torno a un grupo de encapuchados para evitar que estos fueran identificados y permitir que ocasionaran daños en establecimientos.
Los hechos se traducen en una multa de 10 euros diarios durante 10 meses y 9.000 euros de responsabilidad civil. Los militantes de Arran no irán a la cárcel porque el tribunal desestimó las acusaciones por un delito de desórdenes público, por el que pedían tres años de prisión para los anticapitalistas.
Los magistrados consideraron que no quedó acreditado que los miembros de la organización juvenil de la CUP actuaran con el fin de perturbar la convivencia y «el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos», pero sí que actuaron con «plena consciencia y voluntad de causar un detrimento patrimonial» en los comercios, según la sentencia que recogió El Món.
Arran reprocha que fue un «juicio político»
Arran, además de pedir muestras de «solidaridad» (es decir, colaboraciones económicas) para pagar la multa, aseguró que «esta sentencia es el resultado de un juicio político contra la juventud organizada». La organización y Alerta Solidària consideran que estos jóvenes fueron juzgados por su militancia política y que la condena va en prejuicio del derecho a la manifestación.
La organización también afirmó que «la Sala no permitió que las defensas de las ocho personas encausadas hicieran ninguna pregunta relacionada» con el uso de ficheros policiales y sistemas informáticos auxiliares para identificar a los acusados. «Se negó el derecho a la defensa y no se permitió demostrar que las identificaciones a partir de ficheros policiales no podían admitirse», dice un comunicado.
También hubo pruebas de dudosa procedencia presentadas por los Mossos, según Arran, como «vídeos cortados, con imágenes en negro, sin fecha y hora de grabación, sin autoría y sin saber la cadena de custodia que habían tenido». «No se puede asegurar que los vídeos no hayan sido alterados o modificados», continúa el comunicado.
«Las ocho compañeras han sido juzgadas por su militancia política, se ha perseguido a la disidencia política y se ha juzgado el derecho a manifestación», concluyó Arran. «Esta sentencia, como cualquier sentencia que se hubiera dictado, es injusta y un ataque frontal a todas las jóvenes que nos organizamos».
