Compromís activa Ritaleaks para acumular pruebas contra Barberá

La senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, todo un icono en el Partido Popular (PP) valenciano, es ahora el objetivo de las investigaciones judiciales, policiales y hasta políticas para demostrar que está implicada en las tramas de corrupción denunciadas en Valencia.

Todos persiguen demostrar que Barberá estuvo implicada en la financiación de las campañas electorales y que utilizó su cargo para hacer regalos y obtener beneficios a lo largo de los 24 años que estuvo de alcaldesa. Hasta ahora nunca ha sido posible demostrar ninguna de las acusaciones que le han hecho.

Rita está ahora aforada como senadora y ejerce una gran influencia en la vida política valenciana a través de Isabel Bonig, presidenta actual del partido. En su momento estuvo aliada con Alfonso Rus, principal inculpado en la operación Taula, contra Alberto Fabra, presidente de la Generaltitat. Guarda muy buena relación con Mariano Rajoy.

Todos los concejales, ex concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia que estuvieron durante su mandado han sido imputados (investigados) por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia por supuesto blanqueo de dinero.

En busca de ‘Rita’

Los concejales del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia pasarán uno por uno por el juzgado para aclarar sus contribuciones al partido y el origen de diversas facturas sin justificar. El miércoles lo hará Alfonso Novo, sucesor de Barberá en el grupo municipal, y ya lo han hecho Luis Salom y Mari Carmen García Fuster, que componían el grupo de confianza de la ex alcaldesa.

Y a unos y a otros los investigadores preguntan si la alcaldesa estaba al corriente de estos hechos. Porque en las investigaciones que sigue la UCO desde 2003  sobre los cobros por caja B y la documentación incautada siempre aparece Barberá, aunque hasta el momento no se ha oficializado acusación alguna.  

Ritaleaks encuentra 400 facturas  

Al  juez y a la policía judicial se suma una web que ha montado Compromís, Ritaleaks, para que la gente denuncie las facturas que cree relacionadas con Barberá. La web ha tenido más de 12.000 visitas que firman a favor del enjuiciamiento de la senadora Barberá y están contabilizadas 400 facturas, por un valor de 300.000 euros, entre las que hay viajes de representación, cajas de naranjas regaladas a dirigentes del PP y otros artículos de regalo.

La propia Barberá dijo la pasada semana en COPE que «en el ayuntamiento no se ha amañado ningún contrato, que yo sepa», en relación con la trama descubierta en la Diputación de Valencia que generaba proyectos, obras y servicios para unas empresas determinadas que pagaban comisiones a políticos y funcionarios.  

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha declarado que una alcaldesa debe saber qué pasa en su ayuntamiento. «No hay razón para no investigar a Barberá», dice Oltra. Y dirigentes del PSOE ya añaden que deben investigarse los sobrecostes de más de 300 millones en las obras de la Feria de Valencia en el tiempo que Rita era alcaldesa. Y es que la senadora popular es caza mayor para el actual gobierno del PSOE/Compromís/Podemos.

Operación Taula  

La llamada operación Taula permitió detener a 24 personas, entre las que se encontraba el  ex presidente de la Diputación, Rus, un vicepresidente de la Diputación y seis empresarios, uno de ellos, Javier Lujan, presidente de Fecoval, patronal de la obra pública de la Comunidad Valenciana.  

Todos los detenidos quedaron en libertad con cargos y bajo fianza. Aunque el juzgado ha imputado a los concejales, ex concejales y asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia por presunto blanqueo de dinero a través de las donaciones para financiar las campañas electorales. Fuentes del PP insisten que todo esto solo tiene como objetivo pillar a Barberá.  

Cuando el actual presidente de la diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, encargó una auditoria sobre los años de Rus en el cargo ya presumía que sus resultados llevarían a la debacle del PP, como así ha sido.

En estos momentos reina en el partido una gran confusión porque no hasta dónde llegaran las investigaciones de la UCO en la Comunidad Valenciana. Todos hablan de una refundación del PP  aunque nadie es capaz de explicar quién se queda y quién se va, porque Madrid tampoco está disponible. En Valencia capital se debe constituir una gestora esta semana, ante lo que hay dos posiciones.

Unos prefieren continuidad con personas como Maria Angeles Ramón Llin, Antonio Clemente o Pedro Agramunt, pero algunos de estos ya están imputados, y otros prefieren una apuesta por gente nueva, muy nueva, que no esté en las disciplinas de Rus, Bonig, Barberá y otros dirigentes acutales. Aunque todos dan por seguro que será un apaño hasta ver qué pasa con las negociaciones para formar gobierno en Madrid.    

Apagón digital  

La empresa Cleop, propiedad de Carlos Turró, uno de los imputados, ha bloqueado su web por lo que resulta imposible saber cuáles eran sus servicios y con quién contrataba. Pero Construcciones Lujan, premio Mundial a proveedores de Ford, explica en su página que trabajó con el circuito de Fórmula 1, colegios en Xátiva de donde era alcalde Rus, el complejo 9 de octubre, donde se han instalado las dependencias de la Generalitat y obras para los ayuntamientos de Valencia y Castellón cuando gobernaba el PP.  

Construcciones Francés, otra de las empresas implicadas, ha trabajado en más de 30 ayuntamientos donde gobernaba el PP, las tres diputaciones y las empresas públicas CIEGSA y EGEVASA. Cleop y Lujan son empresas históricas en Valencia que en su momento trabajaron también la obra pública y los servicios para el Consell que presidió el socialista Joan Lerma.