Colau tampoco convence como sheriff de la Urbana: la oposición pide relevos
La oposición reclama al unísono a Colau que ceda la Guardia Urbana a otro concejal tras el aumento de la inseguridad y la crisis de los narcopisos
La totalidad de los grupos de la oposición, a excepción de la CUP, han votado este miércoles a favor de nombrar a un concejal que asuma la responsabilidad política del área de Seguridad y Prevención, que ahora depende directamente de la alcaldesa Ada Colau. La iniciativa, presentada por el Pdecat, se ha aprobado en la comisión de Presidencia con el apoyo de ERC, Cs, PSC, PP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy. Los cuperos se han abstenido, y solo Barcelona en Comú, el grupo del gobierno, ha votado en contra.
A principio de mandato, Colau ya renunció a asignar las competencias de Seguridad a ninguno de los miembros de su gobierno, y optó en cambio por nombrar a un comisionado, una especie de equivalente no electo de un concejal que no tiene voto ni en los plenos ni en las comisiones del Ayuntamiento. La alcaldesa fichó para el cargo a Amadeu Recasens y asumió ella directamente la responsabilidad política del ámbito.
Alergia a las ordenanzas
En la comisión de este miércoles, los grupos han pedido la comparecencia del máximo responsable de Seguridad y, como ya ha sucedido en otras ocasiones, quien ha intervenido ha sido Recasens. En esta ocasión, además, no podía ser de otra manera, porque la alcaldesa está en Uruguay. «Antes de que acabe el mandato, y si aún es la máxima responsable, nos gustaría que un día viniera la alcaldesa», ha dicho el concejal del Pdecat Jordi Martí. Los neoconvergentes entienden que Colau «no cree en la Guardia Urbana» y le tiene «alergia al cumplimiento de ciertas ordenanzas», por lo que, ante las malas cifras de 2017, reclaman «un revulsivo» que sustituya a la alcaldesa al frente del área de Seguridad.
La votación es estéril, porque, como dejó claro el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, la asignación de carteras es competencia del gobierno municipal, y no de la comisión, pero constituye una nueva derrota política del ejecutivo de Colau y hurga en una vieja herida de su ejecutivo, la de su convulsa relación con la Guardia Urbana, y también en el incremento de los hechos delictivos en Barcelona, que en 2017 fue de un 7,5% (y de un 9,1 si nos circunscribimos estrictamente a los hurtos), casi el doble que en el conjunto de Cataluña, donde la subida fue del 4,1%.
Una tormenta perfecta
Los datos, que a principios de mes difundieron los Mossos d’Esquadra, pueden aderezarse además con la crisis de los narcopisos que proliferan en la ciudad, especialmente en el barrio del Raval, y con imágenes tan impactantes como las de la pelea con cuchillo y machete que se hizo viral la semana pasada entre dos supuestos vigilantes de estos narcopisos.
El resultado es una tormenta perfecta (otra) para el gobierno de Colau en la que la oposición tiene otro filón que explotar. Este lunes, los grupos ya forzaron este lunes al gobierno a convocar en el plazo de dos semanas un pleno extraordinario para abordar los problemas de tráfico de drogas en el Raval.
