Colau se enfrenta a una denuncia por organización criminal en el caso de las subvenciones

Abogados Catalanes por la Constitución ha dado un paso más adelante en su ofensiva judicial contra Ada Colau por la presunta concesión de subvenciones irregulares desde el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora, han ampliado el contenido de su denuncia al considerar que la alcaldesa ha incurrido en un delito de organización criminal en el caso que investiga la entrega de 3,4 millones en ayudas públicas a diferentes organizaciones sociales durante sus mandatos.

Los denunciantes han argumentado que esta tipificación penal encaja con la investigación, ya que en el proceso para poner en marcha las subvenciones intervienen diferentes miembros del Gobierno de Barcelona, lo que abre la puerta a la existencia de un grupo de personas más o menos numeroso, según el contenido de la denuncia a la que ha tenido acceso Economía Digital.

El reparto de papeles entre los miembros del grupo, la actuación prolongada en el tiempo de los hechos, la comisión de delitos graves, las actuaciones transnacionales, el blanqueo de capitales, la influencia sobre cargos públicos o el uso de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas son algunos de los argumentos que han sostenido para acusar al equipo de Gobierno municipal de este nuevo delito.

«A la vista de la existencia de una red de personas organizada, jerarquizada, con cometidos concretos dentro de un organigrama, permanente en el tiempo, y en la que cada individuo tiene una misión y trabaja en un sentido concreto, podríamos, presuntamente, estar ante un delito de Organización Criminal o Grupo Criminal«, sostiene la denuncia.

La denuncia salpica a Jaume Asens

En su nuevo escrito presentado ante la Fiscalía, Abogados Catalanes por la Constitución también han ampliado el número de personas a las que responsabiliza de las supuestas subvenciones irregulares. Su primera denuncia puso el foco en la alcaldesa Ada Colau, la concejal de Derechos Sociales, Laura Pérez, así como las antiguas ediles Gala Pin y Laia Ortiz.

Sin embargo, la nueva también señala directamente a otros responsables municipales que han terminado dando el salto a la política nacional como Jaume Asens, el actual presidente de Unidas Podemos en el Congreso, o el diputado Gerardo Pisarello. Su condición de aforados obligaría a elevar la causa hasta el Tribunal Supremo si finalmente fuesen acusados.

Los denunciantes también han señalado a Vanesa Valiño (asesora del Gobierno de Barcelona) y Eloi Badia, que cuenta con un acta como concejal en el Ayuntamiento desde el año 2015.

Los denunciantes sostienen que Colau debió abstenerse

La ampliación de la denuncia no solo tiene el objetivo de incorporar un nuevo delito de organización criminal a la investigación, sino también de sostener con más fuerza su tesis de que se concedieron las subvenciones de forma irregular. Abogados Catalanes por Cataluña sostiene que los miembros señalados en el documento debieron abstenerse cuando se decidió la entrega de las ayudas por los vínculos que les unieron en el pasado con las organizaciones sociales beneficiarias.

La denuncia recoge algunas normativas como la Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga en su artículo 23.2 a abstenerse o inhibirse en este tipo de procesos a toda las personas que mantengan un «interés personal, vínculo familiar o asimilable, amistad, haber mantenido relación de servicio o profesional en los dos últimos años» con las organizaciones inmersas en el proceso de financiación pública.

La Fiscalía ya aceptó la denuncia por malversación

Ahora, la Fiscalía deberá pronunciarse para decidir si acepta esta nueva rama de la denuncia. El ministerio público ya abrió una investigación contra el equipo de Gobierno municipal de Barcelona por las presuntas subvenciones irregulares a raíz de la anterior querella de los Abogados Catalanes por la Constitución. Aunque solo abarcaba los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. 

Los fiscales accedieron a investigar la concesión de 3,4 millones de euros a diferentes organizaciones que habían mantenido vínculos personales o profesionales con los miembros del equipo de Colau. Entre ellas, figura la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que la alcaldesa e hizo popular por su labor como activista, antes de dar el salto definitivo a la política institucional.

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingenieros sin Fronteras (ESF) o el Observatorio DESC son otras de las organizaciones que los denunciantes han colocado como presuntos beneficiarios de las operaciones. Señalan que se abusó de la herramienta legal de las ayudas municipales de carácter extraordinario para seguir manteniendo la financiación en todas estas entidades.