Colau sancionará a intermediarios de alquiler de pisos
Barcelona pel Canvi exige al ayuntamiento de Barcelona una moratoria hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la ley de alquileres catalana
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esperando a una reunión. Foto: EFE
El ayuntamiento de Barcelona ha iniciado varios expedientes sancionadores contra intermediarios de alquiler y portales de Internet por supuestamente haber eludido el precio de referencia de los alquileres, según marca la ley catalana 11/2020 que está ahora recurrida en el Tribunal Constitucional.
La norma, aprobada en el Parlament en la pasada legislatura, impone un Índice de Referencia de Precios que determina cuánto cuesta el precio por metro cuadrado en una zona determinada. No solo eso, también tiene en cuenta cuáles son las características de la vivienda, el año de construcción, el estado de conservación y su eficiencia energética.
Barcelona pel Canvi llevará el caso al pleno municipal de este viernes, donde instará a Ada Colau a aplicar una moratoria que evite las posibles sanciones, acogiéndose al «principio de prudencia», hasta que el alto tribunal determine sobre su legalidad. Además, recuerdan que normativas equivalentes, como la de Berlín, fue anulada por el Tribunal Constitucional de Alemania.
El Consell de Garanties Estatuàries advierte de su inconstitucionalidad
El partido que lidera la concejal y diputada Eva Parera insta al «Govern Municipal a que, dentro del marco legal, suspenda la tramitación de los expedientes sancionadores hasta que el Tribunal Constitucional no dictamine sobre la legalidad de la mencionada Ley 11/2020 del Parlament de Cataluña».
La normativa catalana se aprobó gracias al apoyo de Junts, ERC, la CUP y Catalunya en Comú con 71 votos a favor y 63 en contra. El PSC y el PP presentaron enmiendas a la totalidad contra la norma, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria que convalidó el decreto-ley impulsado por el anterior Govern.
Su difícil encaje con la legalidad ya se había abordado durante el debate de esta norma. El PP y Cs llevaron la ley ante el Consell de Garanties Estatutàries, órgano consultivo que ya dictaminó que el texto contenía varios puntos que no tenían amparo dentro del Estatut y que vulneraban la propia Constitución.
