Ada Colau protege a okupas y persigue a empresas que desahucian

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a la policía municipal un protocolo de actuación para evitar los desalojos sin orden judicial. Esta medida va dirigida a empresas como Desokupa, que el equipo de gobierno de Ada Colau ha llevado ante la fiscalía. El jefe de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, informó a sus agentes el pasado 28 de febrero de que las formas utilizadas por estas empresas o particulares para conseguir el desalojo de fincas ocupadas no se ajustaba a derecho, “correspondería intervenir para evitarlo”.

Para el teniente de alcalde, Jaume Asens, las prácticas de estas empresas o particulares que actúan extrajudicialmente “violan” la ley de la vivienda. Colau exige a la policía local que impida las desocupaciones sin orden judicial cuando los grupos de la oposición la están acusando de proteger a okupas que también están al margen de la ley. En declaraciones a El País, el portavoz de CiU, el principal grupo de la oposición ahora denominado demócrata, Joaquim Forn, advierte que Colau está legitimando un movimiento que en la actualidad “se siente más fuerte que nunca”.

Desde ERC, Ciudadanos y PP también se critica la actitud de Colau por considerarla excesivamente condescendiente con los okupas, un movimiento del que la actual alcaldesa formó parte. El ayuntamiento no tiene ninguna intención de desalojar Can Vies, un edificio del barrio de Sants que el ex alcalde Xavier Trias intentó derribar. Los incidentes callejeros se prolongaron durante una semana. El equipo de Colau no quiere problemas con estos okupas.