Colau esconde a la oposición desde hace un año el informe de las subvenciones investigadas
El PP arrancó a Barcelona en Comú el compromiso de entregar un documento detallado sobre el dinero adjudicado directamente a asociaciones y entidades afines al Ayuntamiento en un plazo de tres meses
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Quique García
Ada Colau suspende en transparencia. El ayuntamiento de Barcelona se comprometió con el PP en marzo de 2020 a presentar un informe detallado sobre las subvenciones que desde el gobierno se otorgaron a entidades afines a los Comunes, entre las que están las investigadas que han provocado la imputación de la alcaldesa. Casi un año después, Josep Bou sigue sin noticias.
Aunque en un inicio la formación de Bou pedía una auditoría externa que fiscalizara las subvenciones a dedo, el consistorio municipal consiguió transaccionar con el PP la propuesta y la redujo a un informe detallado, que se aprobó con los votos de todos los grupos del pleno, salvo la abstención de Junts per Catalunya.
El grupo municipal del PP confirma a Economía Digital que, casi un año después, no tienen noticias del informe detallado al que se comprometió Colau para explicar al detalle la entrega de este dinero. Los populares explican que llevarán el seguimiento de la proposición aprobada en marzo al próximo pleno para exigir su cumplimiento.
Desde el PP recuerdan a este medio que el Observatorio DESC –entidad afín a Barcelona en Comú donde trabajaron personalidades como Jaume Asens, ahora portavoz de Podemos en el Congreso– recibió 1,2 millones de euros en seis años. A estas, se suman los alrededor de 800.000 euros de Enginyers sense Fronteres, entidad de la que procede el concejal Eloi Badia.
El prometido informe va con retraso, puesto que desde la formación conservadora consideran que debería haberse entregado como tarde a finales de junio de 2021, tal y como se acordó con el Ayuntamiento. Un documento que, en caso de hacerse público este mes de enero, llegaría con siete meses de retraso a partir de lo prometido por Colau.
«Malas prácticas de contratación y adjudicación de subvenciones»
El concejal del PP en Barcelona, Óscar Ramírez, insiste en que Ada Colau «debe asumir responsabilidades ante las graves acusaciones por las que está siendo investigada» y recuerda que desde su formación llevan tiempo denunciando «las malas prácticas de contratación y adjudicación de subvenciones con sus chiringuitos y entidades amigas».
«Debería auto-aplicarse el Código Ético de su propio partido, que obliga en estas situaciones a renunciar a su cargo o a ser destituida. Nos preguntamos qué piensa hacer el PSC y si va a seguir mirando hacia otro lado cuando sus socios de gobierno están siendo investigados por unos delitos tan graves», reflexiona Ramírez.
Los socialistas, socio menor de Colau, se han puesto de perfil sobre esta cuestión que, pese a que han reconocido que se trata de una «situación anómala para el ayuntamiento», no afectará al «día a día de la institución ni al trabajo del gobierno municipal». El PSC ha pedido respeto a «la presunción de inocencia» y ha delegado en la alcaldesa «dar las explicaciones oportunas».
Colau descarta dimitir pese al código ético de su partido
Colau ha sido citada a declarar en calidad de investigada el próximo 4 de marzo por una presunta concesión irregular de subvenciones públicas del Ayuntamiento de Barcelona en los últimos seis años. La alcaldesa está imputada por prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que ha interpuso la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la líder de los comunes con el objetivo de que diera explicaciones sobre el proceso de selección de las subvenciones.
El magistrado ha decidido reabrir un caso que la Fiscalía decidió archivar hace apenas seis meses. Entonces, el Ministerio Público acordó abandonar la investigación contra Ada Colau y varios miembros de su partido, como los exconcejales Jaume Asens o Gerardo Pisarello, después de no detectar ningún indicio de delito en el proceso de entrega del dinero público.
Pese a su situación judicial, la alcaldesa ha descartado dimitir: “Me parece fuera de lugar plantear un cese”. Ada Colau incumple el Código Ético de su partido, que la obliga a abandonar sus cargos o a ser cesada en caso de investigación por presunta corrupción, así como una promesa de 2014, donde aseguró que se sometería a una consulta popular si era imputada.
