Colau se enfrenta a su Código Ético: deberá dimitir si termina imputada por malversación

Las contradicciones acechan a Barcelona en Comú. La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, pasa por uno de sus momentos más críticos. La polémica adjudicación de subvenciones públicas por parte del consistorio a entidades afines ha provocado que la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas la investiguen por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, algo que con el código ético de su partido en mano podría llegar a costarle el cargo en un futuro si finalmente es imputada por un juez.

La investigación de Fiscalía comenzó gracias a una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución, con el objetivo de que el Ministerio Público indagara en la adjudicación de subvenciones públicas por valor de 3,4 millones de euros a varias organizaciones consideradas cercanas a Barcelona en Comú.

Entre las investigadas se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que Ada Colau se hizo popular por su labor como activista antes de dar el salto definitivo a la política institucional. También, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingenieros sin Fronteras (ESF) o el Observatorio DESC.

Colau, acusada de regar asociaciones afines en su estrategia contra Agbar

A esta investigación se ha unido la del Tribunal de Cuentas, que estudia las subvenciones supuestamente irregulares que Colau habría otorgado a entidades afines. La denuncia procede de la Sociedad General d’Aigües de Barcelona (SGAB) contra la alcaldesa al acusarla de irrigar estas asociaciones con el objetivo de impulsar la remunicipalización del abastecimientos del agua.

SGAB es la principal empresa del conglomerado público-privado que gestiona el agua en la capital catalana, y teme que el supuesto riego económico de Colau haya causado el menoscabo para las arcas públicas de 875.000 euros. La acusación también va contra el concejal Eloi Badia, la interventora adjunta, Teresa Llor; y el gerente de Ecología Urbana, Jordi Campillo.

Las investigaciones abren una posibilidad que Colau vislumbraba lejana en 2015, cuando accedió a la alcaldía de Barcelona: que pueda ser imputada por un delito de malversación. Su código ético obvia la presunción de inocencia en un proceso judicial, y contempla la dimisión de un cargo en caso de ser declarado como investigado.

«Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata»

El capítulo tres del código ético de Barcelona en Comú, donde abordan las obligaciones cargos electos, es claro: «Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación para la judicatura de delitos relacionados con el soborno, malversación, apropiación de fondos públicos, ya sea por interés propio o por favorecer a terceras personas».

Aunque el código ético de Barcelona en Comú no es de cumplimiento legal, sí que se recoge como códice de buenas prácticas. El documento es un compromiso de los representantes públicos del partido con su electorado, por lo que Colau y cada uno de sus concejales dieron su palabra para irse en caso de imputación.

El documento firmado por Barcelona en Comú nació en 2015, a tenor del nacimiento del propio partido, que pretendía desmarcarse de las formaciones políticas preexistentes y su poca celeridad con los cargos imputados por delitos relacionados con la corrupción.

Algunos miembros del equipo de Colau no han dimitido pese a su imputación. La número dos del ayuntamiento, Janet Sanz, está imputada por prevaricación, coacciones, omisiones del deber de perseguir un delito y obstrucción a la justicia. La edil barcelonesa se negó a autorizar las obras y apertura de un hotel en la casa okupa Buenos Aires.